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Pierre Calame, Presidente de la Fundación Charles Léopold Mayer para el Progreso Humano.

Economía: la transición hacia sociedades sustentables

La concepción actual de la economía está basada en un modelo de desarrollo que sólo encuentra su equilibrio en un crecimiento indefinido (equilibrio de la bicicleta). Plantea la hipótesis de que la autorregulación por parte del mercado es óptima y que las reglas del mercado se aplican a todas las categorías de bienes y servicios.

Desde la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, desde la caída del Muro de Berlín, la organización de un mercado mundial unificado y sin barreras es considerado por la mayoría de los gobernantes como un ideal a seguir. La caída vertiginosa de los costos de circulación de mercancías e información condujo a una creciente disociación de los lugares de producción y los lugares de consumo. Generaciones de economistas se formaron con estos principios. Cada vez más, la economía se presenta como una ciencia, cercana a las ciencias naturales por la importancia acordada a la formalización matemática. Desde el siglo XIX, y más aún en el siglo XX, los dos actores ejes de la economía, que estructuran el sistema, son las empresas multinacionales y los Estados. A lo largo de los tiempos, los actores y los dispositivos, especialmente fiscales, fueron concebidos en función del modelo dominante.

Desde 1972 y más aún en 1992 (Cumbre de la Tierra) se trató de responder a las nuevas exigencias de protección del planeta sin afectar, más que marginalmente, el modelo dominante, tal como lo refleja el oxímoron “desarrollo sustentable”, que yuxtapone la idea de un desarrollo infinito y la idea de los límites físicos del planeta. Es momento de tomar conciencia de que la transición hacia sociedades sustentables sólo se hará al precio de una reforma radical del sistema de pensamiento, las instituciones y los dispositivos que organizan el sistema de producción, intercambio y consumo.

A) Economía y oeconomía

1. De la economía a la oeconomía

La palabra economía está demasiado asociada a la enseñanza impartida en miles de facultades de economía y administración como para que pueda otorgársele un contenido radicalmente diferente, a través del agregado de un adjetivo como “ecológica” o “sustentable”. Sólo un cambio conceptual es capaz de marcar la ruptura. Lo que debe implementarse en el siglo XXI es precisamente aquello que hasta el siglo XVIII denominaban oeconomía: el arte de sacar provecho de recursos naturales escasos en beneficio del bienestar de todos. La definición de oeconomía debe servir de hoja de ruta mundial para la transición, traduciendo cada uno de sus términos en propuestas concretas: “la oeconomía es una rama de la gobernanza. Tiene por objeto crear actores y mecanismos institucionales, procesos y reglas tendientes a organizar la producción, distribución y utilización de bienes y servicios con vistas a asegurar a la humanidad todo el bienestar posible obteniendo el mayor provecho de las capacidades técnicas y la creatividad humana, y con una preocupación constante por la conservación y el enriquecimiento de la biósfera, el mantenimiento de los intereses, derechos y capacidad de iniciativa de las futuras generaciones y en condiciones de responsabilidad y equidad que susciten la adhesión de todos”.

2. Territorios y redes sustentables, los dos actores ejes de la oeconomía

Los dos actores ejes de la oeconomía en el siglo XXI, aquellos que deben estructurar el sistema en su conjunto, serán: los territorios (ciudades y regiones), nivel local en el que puedan concebirse los tres órdenes esenciales de relación -entre las personas, entre las sociedades, entre la humanidad y la biósfera- y en el que puedan gestionarse conjuntamente la economía, lo social y la ecología; la red, desde la movilización de los recursos primarios hasta el consumo y reciclaje: sólo hay sociedad sustentable si estas redes son sustentables, y los actores de la economía, en particular las empresas, deben ver su actividad enmarcada por contratos de redes sustentables.

3. La oeconomía debe ser plural

La oeconomía es plural. No es posible separar artificialmente en una sociedad lo que es del orden de la eficacia económica, la cohesión social, la conservación y el enriquecimiento de la biósfera. Deben privilegiarse los actores capaces de asumir el conjunto de estos objetivos. Por esta razón, la economía social y solidaria debe ser sostenida y fomentada.

4. La trazabilidad es obligatoria

A diferencia del sistema actual, que tiende a volver anónimo el lazo entre actividad de producción y de consumo, este lazo debe considerarse esencial -el intercambio de bienes y servicios es una de las principales relaciones sociales-, lo que implica la obligación de trazabilidad de la actividad económica. Esta trazabilidad es técnicamente fácil de asegurar con los nuevos sistemas informáticos; además, actualmente está garantizada cuando está en juego la seguridad.

5. La moneda debe ser pluridimensional

Nuestra concepción de la moneda es la herencia del pasado y los límites de los antiguos instrumentos de cálculo. Hoy, el objetivo es fomentar el desarrollo del trabajo humano, garantía de la redistribución de las riquezas, y limitar estrictamente el consumo de los recursos naturales no renovables, principal amenaza a la biósfera. Esto sólo puede realizarse utilizando unidades de cuenta y medios de pago diferentes para uno y otro caso. La moneda debe ser necesariamente plural (a fin de permitir la articulación de diferentes niveles de intercambio desde lo local hasta lo mundial) y pluridimensional, para que el consumidor pague con unidades diferentes, lo que se alienta que consuma y lo que se disuade que consuma.

B) Economía y gobernanza

Al ser la oeconomía una rama de la gobernanza, pueden aplicársele todas las reflexiones sobre los objetivos y principios de la gobernanza. Esta observación resulta muy fecunda para concebir nuevos conceptos, mecanismos institucionales y herramientas. Tomaremos aquí algunos ejemplos.

1. Implementar regímenes de gobernanza adaptados a la naturaleza de los diferentes bienes y servicios.

El arte de la gobernanza reside particularmente en la capacidad de inventar dispositivos realmente adaptados a los problemas a tratar. No es el caso de la economía actual, que pretende reducir los bienes y servicios a dos categorías: los bienes comerciales y los bienes públicos. En cambio, los regímenes de gobernanza del futuro deberán corresponder a cuatro categorías de bienes y servicios: los que se destruyen al querer repartirlos, como es el caso de los ecosistemas o los seres vivos; los que se dividen al repartirse pero existen en cantidad limitada, como es el caso de la mayoría de los recursos naturales y en particular del agua y la energía fósil; los que se dividen al repartirse pero cuya cantidad sólo esta limitada por la creatividad humana y el trabajo, como los bienes industriales, los únicos que corresponden legítimamente al mercado; finalmente, los bienes como la inteligencia, la experiencia, el capital inmaterial, que se multiplican al repartirse y que, en lugar de ser administrados por una rareza artificialmente creada por los derechos de propiedad intelectual, deberían ser la base de la prosperidad y el bienestar futuros.

2. Los regímenes de gobernanza de los recursos naturales: los cupos negociables

El impuesto sobre el carbono es un impuesto regresivo en la medida en que el costo de la energía tiene mayor peso en el presupuesto de las familias pobres que en el de las familias ricas. En cambio, el presupuesto de las familias destinado a la energía crece con su riqueza. Siendo limitada la cantidad de recursos naturales no renovables si se quiere salvaguardar la biósfera, el principio de justicia debe imperar en su distribución. En consecuencia, es el sistema de cupos negociables, donde aquellos que consumen menos que su porción de energía pueden revenderla a aquellos que pretenden conservar un modo de vida costoso en recursos, un sistema a la vez respetuoso de los límites de la biósfera y socialmente justo.

Son estos cupos negociables los que constituyen, en la moneda de varias dimensiones, una moneda “energía” o una moneda “recursos naturales”. Es este sistema el que debe instaurarse desde lo local hasta lo mundial.

3. Reinsertar los modos de consumo en las decisiones democráticas

Los términos de la elección entre consumos y entre modos de vida están al parecer determinados por preferencias individuales, pero en realidad provienen de las decisiones colectivas que conducen a modificar los propios términos de las decisiones individuales. El transporte individual y el transporte colectivo son un claro ejemplo de ello. Desde el nivel local hasta el nivel mundial es posible y necesario concebir las modalidades de decisión democrática.

C) Economía y ética

Los modos de producción y consumo estructuran el impacto de cada actor, cada ciudadano y cada sociedad sobre el resto de la humanidad y la biósfera. No puede haber una sociedad sustentable si los Estados y las empresas no asumen la responsabilidad por dichos impactos y si, por añadidura, a falta de información pertinente e indicadores de precios coherentes, los propios consumidores individuales no tienen la capacidad ni el interés de apreciar el impacto de su modo de vida.

Tal como lo señala la Carta de Responsabilidades Universales, las responsabilidades y corresponsabilidades son compartidas por todos, pero proporcionales al poder y al saber. El derecho internacional y nacional que deriva de la Carta de Responsabilidades Universales se aplica particularmente a la economía.

1. Responsabilidad de los actores económicos y financieros

El derecho y las prácticas actuales vuelven a los responsables de la economía y las finanzas, especialmente a los más grandes, irresponsables tanto respecto del impacto internacional de su accionar como en el largo plazo. El derecho que les es oponible es en general nacional mientras que el accionar es internacional; el impacto registrado no está consolidado a nivel de las filiales y los subcontratistas; muchos mecanismos de remuneración de los directores de empresas o intermediarios financieros conducen a la irresponsabilidad. La responsabilidad institucional es separada de la responsabilidad personal, lo que incita a una asunción de riesgo irreflexiva (“moral hazard”) y a la privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. Un derecho internacional de la responsabilidad debe construirse sobre la base de la Carta de Responsabilidades Universales.

2. Responsabilidad de los dirigentes políticos

El impacto de las políticas económicas y los modos de vida es decisivo y no puede actualmente, a falta de un fundamento legal, tenerse en cuenta a escala internacional. Esta situación debe remediarse.

D) Economía y territorio

1. Crear a nivel de los territorios y las ciudades la capacidad de convertirse en los principales actores de la oeconomía

Es una nueva perspectiva que supone nuevos conceptos y nuevas instituciones, en particular, la creación de agencias oeconómicas territoriales capaces de dotar a los territorios y ciudades de medios para entenderse ellos mismos en su metabolismo, organizar y administrar los diferentes flujos que los atraviesan.

2. Reapropiarse de las decisiones económicas a nivel local

En todos los niveles, desde lo local hasta lo mundial, la decisión colectiva de los modos de vida y consumo es una dimensión esencial de la democracia. No se trata de volver a una economía planificada que fracasó en todas partes del mundo, sino de hacer que se instaure a nivel de cada territorio un debate colectivo. Por ejemplo, si se quiere avanzar hacia ciudades sustentables, es necesario reemplazar cada vez que sea posible bienes materiales por servicios, lo que sólo es factible si los múltiples objetos y máquinas que pueblan nuestra vida cotidiana moderna, y constituyen sin duda una fuente de bienestar, son continuamente transformados, actualizados, reemplazados eventualmente por servicios, en lugar de ser continuamente descartados y reemplazados por otros bienes. Esto no se decide a nivel de los consumidores individuales; es necesario brindar previsibilidades de consumo a los actores económicos y exigir a los fabricantes normas de compatibilidad entre componentes que permitan una fácil actualización. Todo esto proviene de decisiones colectivas. Algunas, como las normas de los productos industriales, deben adoptarse a nivel mundial, pero otras adquieren toda su significación a nivel local.

3. La economía social y solidaria echa raíces en los territorios

La experiencia muestra, en los bancos o las aseguradoras por ejemplo, que en un mercado nacional y mundial, en competencia con la economía clásica, las empresas de economía social no se comportan de manera muy diferente de las otras.

Es a nivel territorial que la economía social y solidaria contribuye mejor a la invención permanente de nuevas respuestas a las necesidades que surgen: este aprendizaje por parte de una comunidad de las mil maneras de responder a problemas comunes es el medio más seguro de incrementar el capital inmaterial de la comunidad, su capacidad para reaccionar y tomar la iniciativa en cualquier circunstancia.

La economía social y solidaria, movilizando localmente recursos en capital, inteligencia y trabajo, combinando bienes y servicios comerciales y no comerciales, dotándose de objetivos a la vez económicos, sociales y ambientales, constituye una rama esencial de la oeconomía y uno de los mejores medios de arraigarla en los territorios.

4. El territorio, nivel fundamental de gestión de los bienes comunes

Es primero a nivel territorial que deben implementarse los regímenes de gobernanza correspondientes a las diferentes categorías de bienes y servicios. Esto resulta evidente para los bienes que se destruyen distribuyéndose, los ecosistemas, que como se sabe sólo se preservan a través de una cogestión entre la población y las autoridades públicas. En el caso de ecosistemas que benefician a una comunidad más vasta que el territorio afectado, es a este nivel que deben realizarse las negociaciones tendientes a que dicha comunidad más vasta de beneficiarios contribuya a la conservación del bien común.

En el terreno de los recursos naturales, por ejemplo el agua y la energía fósil, es a nivel territorial que deben definirse los cupos de consumo, las modalidades de distribución de dichos cupos entre las actividades y entre las familias y que debe organizarse el nivel básico del intercambio de cupos.

5. El territorio como espacio de organización de una oeconomía descentralizada, especialmente gracias al recurso general a monedas complementarias.

Es necesario rechazar la oposición entre economías cerradas, replegadas sobre sí mismas, presentadas como un retorno ilusorio al pasado, y un mercado único mundial, que según se observa conduce finalmente a una incapacidad para poner en relación, localmente, sin hacer nada, creatividades inutilizadas y necesidades de la población.

Ninguna economía territorial o nacional puede cerrarse sobre sí misma, en el estadio de interdependencias al que hemos llegado, pero, inversamente, el mercado mundial mostró su incapacidad para responder a las exigencias de cohesión social y protección de la biósfera. Al igual que en todos los demás terrenos de la gobernanza, lo importante es saber articular diferentes niveles de producción e intercambio, desde lo local hasta lo mundial.

La introducción de una diversidad de monedas (creación de una moneda y construcción de una comunidad van siempre de la mano) permite a cada territorio estimular los circuitos cortos, la combinación de actividades remuneradas y no remuneradas, las modalidades de equivalencia entre tiempos de trabajo, etc. Históricamente reinventadas en el siglo XIX para enfrentar crisis (ya que la pluralidad de monedas era norma en la antigüedad), desarrolladas a diferentes niveles desde lo local hasta lo nacional (en la práctica, muchos países recurren a varias monedas según se trate de intercambios internos o con el exterior), gozando de todas las nuevas facilidades ofrecidas por la informática e Internet, estas monedas locales y regionales o incluso propias de una comunidad profesional particular (como el wir de las pequeñas y medianas empresas suizas) es una respuesta generalizable a nivel de los diferentes territorios.