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Avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe (versión preliminar)

INTRODUCCIÓN

Por medio de la resolución 64/236, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. La Conferencia, que se celebrará en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, se conoce como Río+20 en alusión a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que tuvo lugar en 1992, también en Río de Janeiro. El objetivo de Río+20 es asegurar un renovado compromiso político con el desarrollo sostenible, evaluando los avances logrados hasta el momento y las lagunas que aún persisten en la aplicación de los resultados de las principales cumbres en la esfera del desarrollo sostenible (véase el recuadro 1) y encarando los desafíos nuevos y emergentes. Los Estados Miembros han acordado desarrollar dos temas para la Conferencia: a) la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y b) el marco institucional para el desarrollo sostenible.

En este informe se presentan los avances y las brechas en la implementación de los compromisos globales sobre el desarrollo sostenible desde 1992. A partir de las lagunas que aún persisten y de los desafíos que van surgiendo, se proponen lineamientos para transitar hacia un desarrollo sostenible. Su elaboración es un esfuerzo multidisciplinario que integra las perspectivas de los organismos del sistema de las Naciones Unidas con actuación en América Latina y el Caribe1, al alero del Mecanismo de Coordinación Regional que fue creado en virtud de la resolución 1998/46 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, titulada “Nuevas medidas para la restructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas”, para fortalecer la coherencia de posiciones entre los programas, fondos y organismos especializados y la Secretaría de las Naciones Unidas y que informa al nivel global por conducto del Consejo Económico y Social. Además, se contó con la valiosa colaboración del equipo de directores regionales de los fondos, programas y organismos especializados.

(…)

B. SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES

El cuadro 2 permite apreciar de manera sintética ciertas tendencias en materia de sostenibilidad del desarrollo de América Latina y el Caribe en los últimos 20 años. Se constatan algunas tendencias positivas (sombreadas), tales como la reducción del porcentaje de personas en situación de pobreza, la reducción del coeficiente de Gini que mide desigualdades en la distribución del ingreso, el aumento del índice de desarrollo humano (IDH) (véase el capítulo I), el aumento en la superficie de áreas protegidas y el éxito en la eliminación del consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (véase el capítulo II).

Sin embargo, muchas de las mejoras son tímidas o apenas relativas. Por ejemplo, la población total en condiciones de pobreza o indigencia en 2010 (180 millones de personas) era mayor que la de 1980. El IDH de la región es inferior en 2010 al de los países de la Organización de Desarrollo y Cooperación Económicos (OCDE) en 1990. El IDH de los países del Caribe en 2010 es inferior al de 1990. La dinámica en que se basan estos datos es compleja. La Cumbre para la Tierra representó un importante impulso al fortalecimiento del pilar ambiental. Entre los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental), el tercero era el menos maduro al principio de los años noventa. No obstante, en los últimos 20 años, se han fortalecido las legislaciones e instituciones dedicadas al tema ambiental en la región y el desarrollo sostenible se ha instalado como concepto en el contexto de las políticas públicas y los negocios (véase el capítulo II).

Sin embargo, aún no se vislumbra un cambio significativo en los problemas que han limitado históricamente el desarrollo de la región y han impedido hasta el momento una tendencia inequívoca de reducción de las desigualdades, erradicación de la pobreza y de la desvinculación entre el crecimiento económico y el daño ambiental. Existe todavía un elevado número de personas en situación de pobreza y sin acceso a servicios básicos, incluso aquellos consagrados como derechos humanos, tales como el acceso a la salud ambiental, al agua y el saneamiento y a la vivienda, con graves implicaciones para la seguridad de los habitantes de la región. La falta de acceso a estos servicios, así como las grandes disparidades en el acceso a la educación y por lo tanto al mercado de trabajo, hacen que la desigualdad característica de esta región se refleje también en una mayor vulnerabilidad de los grupos en desventaja a los efectos del deterioro ambiental global y local. Las brechas de género y la discriminación cruzada por cuestiones de raza, etnia, edad y localización geográfica acentúan las desventajas que enfrentan grandes porcentajes de la población de la región. Esta situación aumenta la vulnerabilidad de estos grupos ante desastres de origen climático, enfermedades asociadas a la exposición a productos tóxicos, basura, aguas y aire contaminados, entre otros, y el deterioro o escasez de los recursos naturales e hídricos de los cuales depende su supervivencia.

La región no ha logrado colmar las brechas de productividad con los países desarrollados ni ha podido transformar su estructura productiva, aún fuertemente basada en sectores intensivos en recursos naturales. Ante la ausencia de mecanismos efectivos de gestión ambiental y de un marco reglamentario que permita reflejar el valor del medio ambiente en las decisiones económicas, difícilmente se establece una tendencia a la desvinculación entre crecimiento y degradación ambiental. Han surgido nuevas fuentes de conflicto con la expansión de actividades como la agricultura de gran escala o minería en áreas ambientalmente sensibles, afectando las estructuras sociales y medios de vida de comunidades locales y pueblos indígenas.

La manera de contabilizar la riqueza y evaluar las inversiones públicas y privadas ha llevado frecuentemente al uso excesivo de activos ambientales y recursos naturales y a soluciones que privilegian el corto plazo en detrimento de activos que son esenciales para el desarrollo de las generaciones futuras en la región, tales como los recursos hídricos, la diversidad biológica, la productividad de los suelos, la integridad de las reservas pesqueras o los bosques, por citar solo algunos ejemplos. Existen fallas de coordinación en los gobiernos que producen incoherencia de las políticas: se invierte en protección del medio ambiente pero también se apoyan actividades con altos costos ambientales (externalidades), a veces irreversibles. La urbanización en la región a lo largo de las últimas décadas ha permitido alcanzar mejoras en materia de ingresos, salud, educación, acceso a servicios básicos, esperanza de vida y acceso a bienes de consumo (véase el capítulo I). Sin embargo, se ha dado en un marco de asimetrías e insuficiencia de planificación, en el que la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de los grandes centros urbanos de la región se ve amenazada por la exposición a niveles de contaminación atmosférica que exceden las mismas normas nacionales, a situaciones de grave inseguridad frente a la violencia y a sistemas ineficientes de movilización que exigen varias horas diarias de desplazamiento a los lugares de trabajo.

Los costos económicos y sociales de estos problemas no se contabilizan (fallas de mercado) y los absorbe la población. Existen marcadas desigualdades dentro del área urbana en términos del acceso y la calidad de servicios básicos como agua, saneamiento, vivienda, salud, electricidad y recolección y eliminación de residuos. En síntesis, los grandes retos de la región en materia de desarrollo sostenible siguen siendo los mismos de antes, pero ubicados en un contexto nuevo y más exigente de cambio climático y de reajuste del poder económico mundial. En este nuevo contexto, se busca erradicar la pobreza y eliminar desigualdades, revertir la destrucción de ecosistemas que sirven de hábitat a la rica diversidad biológica de la región y como fuente de ingreso para las personas, lograr un desarrollo territorial (rural y urbano) que garantice la seguridad humana y la satisfacción de las necesidades económicas de los ciudadanos de los países de la región, consolidar instituciones que aseguren la mejora continua de la integración de las tres esferas del desarrollo y que impidan retrocesos frente a coyunturas adversas, en forma que promueva la plena participación de actores clave como las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, entre otros.

Por otro lado, la región enfrenta también nuevos desafíos, muchos de los cuales no se planteaban con tal grado de urgencia cuando se celebró la Cumbre para la Tierra. Este es el caso, por ejemplo, de la importancia de avanzar en la adaptación al cambio climático, que requiere acción en distintos ámbitos y en prácticamente toda la región y, de manera especial, en los pequeños Estados insulares del Caribe. A nivel global, las dificultades para concluir la Ronda de Doha de negociaciones comerciales, el hecho que no se haya concretado el liderazgo de los países desarrollados en lo que respecta a la reducción de las emisiones de CO2, que siguen creciendo incluso en esos países, el incumplimiento de los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo y la dificultad para proponer un modelo de desarrollo distinto, son algunas de las manifestaciones del rezago en lo tocante a las condiciones relativas a la sostenibilidad a nivel global y el respeto del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas (Principio 7 de la Declaración de Río).

La buena noticia es que la situación de América Latina y el Caribe es hoy muy distinta respecto a la que había en 1972, cuando el medio ambiente aparecía muy marginalmente en la agenda pública; en 1992, cuando la región estaba saliendo de una “década perdida” de bajo crecimiento, alta inflación y demás restricciones relacionadas con el endeudamiento externo, y en 2002, cuando salía de una década de reformas que habían debilitado las estructuras gubernamentales y enfrentaba nuevas crisis económicas. A pesar de la reciente crisis económica mundial, la región lleva casi una década de crecimiento relativamente elevado, la inflación está controlada en casi todos los países y, en general, hay condiciones de estabilidad económica. La situación económica combinada con una nueva promulgación de políticas sociales ha permitido reducir los índices de pobreza. Los Estados están más fuertes, y la región ocupa un lugar cada vez más importante en la economía mundial. Algunos países han comenzado a robustecer sus políticas de desarrollo productivo, innovación, ciencia y tecnología, y a retomar la planificación del desarrollo. En gran parte de la región, aún existe la oportunidad de aprovechar el bono demográfico para hacer efectivas las inversiones en la universalización del acceso a servicios básicos y educación de calidad. América Latina y el Caribe está, por lo tanto, en mejores condiciones que nunca para establecer las bases del cambio hacia la sostenibilidad.

En el capítulo VI se proponen lineamientos en esta dirección. Muchos de ellos pueden clasificarse dentro de uno de los dos temas de Río+20: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sostenible.