Portal Río+20

• 1. Afirmamos que los principios de Río han de ser defendidos y, más importante, el principio de la soberanía estatal sobre los recursos naturales respetando los derechos humanos, el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, el principio de quien contamina paga, el principio de precaución y el principio de acceso a la información, participación pública y justicia. En su resolución 224 la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos reafirmó que “El estado tiene la responsabilidad fundamental de asegurar la administración de los recursos naturales con, y por el interés de, la población, y debe cumplir con su misión de conformidad con las leyes y estándares internacionales de derechos humanos”. Condenamos los intentos de estados poderosos, especialmente del Norte, de recortar las obligaciones relacionadas con derechos humanos y principios de equidad en el documento resultante de Río+20 con el fin de evitar compromisos concretos de reforma de las políticas sociales, económicas y ambientales. Por tanto, la estructura del marco institucional que se desarrollará en Río+20 debe integrar los tres pilares del desarrollo sostenible con especial atención a la equidad social, e incluir un cuarto pilar sobre gobernanza.

• 2. Creemos que la agenda de la Economía Verde va a ser saboteada por las avariciosa agenda económica de las corporaciones multinacionales. Creemos que si los derechos humanos, la justicia social, la igualdad y la buena gobernanza no son son tomadas en cuenta, la agenda de la Economía Verde solo servirá a los intereses de los ricos y poderosos en vez de aliviar la pobreza y responder a los desafíos de la sostenibilidad como se reclama. Los verdaderos beneficiarios serán el mundo corporativo y los países ricos del norte. En su actual forma y contenido, la economía verde sigue la lógica orientada a los beneficios de las corporaciones, la cual está en la base de nuestra actual pobreza y problemas medioambientales. Las llamadas soluciones al desarrollo insostenible se ponen en manos de las corporaciones -principales agentes de dicho desarrollo insostenible- a través de sus “inversiones verdes”, innovaciones y tecnologías. Estas soluciones corporativas no resuelven los problemas medioambientales, si no que los empeoran. Así mismo, amenazan los derechos de los pueblos con más privatización, mercantilización y financialización de las funciones de la naturaleza y los ecosistemas. En consecuencia, llevan a una mayor concentración del control de la naturaleza, el acaparamiento de tierras, la bio-piratería y el desplazamiento y marginalización de las comunidades más dependientes del acceso a estos recursos, así como a una mayor especulación financiera.

• 3. Creemos que las crisis financieras no han desencadenado el impulso político para la muy necesaria reforma de la arquitectura financiera internacional, fundamentalmente dados los recelos de los países más desarrollados para convertir esto en una prioridad en las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales (IFIs), o para poner en marcha un riguroso marco regulador sobre el sector financiero privado. Los africanos están sufriendo el impacto de la mala regulación de fallido modelo económico. Consecuentemente, apuntamos a Río+20 para que proporcione compromiso político para las reformas necesarias mientras el camino hacia Río continua siendo pavimentado con crecientes encrucijadas.

• 4. El borrador final de Río +20 y la apuesta por la economía verde se basan en una excesiva confianza en la ciencia y la tecnología para identificar los problemas y para hacer frente a los retos del desarrollo sostenible. Este enfoque vertical de "remedio tecnológico" debe ser corregido y se debe dar prioridad a soluciones participativas y desde abajo. Río +20 debe reafirmar el principio de precaución, prohibir las tecnologías de alta peligrosidad, tales como la geo-ingeniería, y establecer mecanismos de participación en los planos nacional, regional y mundial para evaluar las nuevas tecnologías como la nanotecnología y la biología sintética, para garantizar la salud ambiental y prevenir impactos socio-económicos

• 5. La pobreza es el resultado de la desigual distribución del poder, los bienes y las oportunidades dentro y entre países. Así, la erradicación de la pobreza debe construirse ser sobre el empoderamiento de los pobres para reclamar sus derechos. Ellos deben tomar la propiedad y el control de sus recursos naturales, de los activos productivos y los utilizarlos para adaptar sus economías para cumplir con sus propias necesidades y aspiraciones de desarrollo. También se debe tomar el control de las instituciones de gobierno a fin de que sus voces sean representadas en la formulación de políticas. Somos conscientes de la responsabilidad inherente de los gobiernos a establecer un nivel mínimo de protección social o un conjunto mínimo de garantías sociales para hacer cumplir los derechos humanos y mantener los estándares de vida dignas en todo el mundo, incluyendo la asignación de recursos para establecer un nivel adecuado de protección social en los países empobrecidos.

• 6. El Desarrollo de la agricultura sostenible no puede lograrse si las políticas mundiales y nacionales siguen centrándose en la agricultura industrial en lugar de priorizar la pequeña agricultura y la producción a escala local. Los fracasos de la agricultura industrial en los últimos diez años son demasiados han sido severos siendo la causa de la problemas como la contaminación, pobres condiciones de trabajo, la inseguridad alimentaria y la pobreza. El cambio hacia la soberanía alimentaria debe representar alimentos adecuados, inocuos y nutritivos para todos, incluidas las políticas e inversiones para apoyar a los pequeños agricultores, a las mujeres, y asegurar el acceso a (y la protección de) el agua, la tierra, los suelos, la biodiversidad y otros recursos sobre los que este planteamiento depende. La reforma agraria debe llevarse a cabo con el fin de asegurar el trabajador, el agricultor y en general a la población rural el acceso a los recursos de tierra de agua y semillas, así como financiar la infraestructura; la producción de alimentos y las políticas comerciales deben dar prioridad a los alimentos la autosuficiencia nacional y los medios de subsistencia de los pequeños agricultores, pescadores, trabajadores, mujeres y pueblos indígenas.

• 7. Son necesarias reformas en el sistema de gobierno mundial para asegurar que las instituciones fuertes con medios y el poder real para hacer cumplir las normas y compromisos internacionales sobre el medio ambiente y el desarrollo, actúen en tal sentido; y poner en marcha las conversaciones sobre un acuerdo mundial para hacer realidad los derechos de acceso del público a la información, y acceso a la justicia, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y vigilancia ciudadana del desempeño ambiental y el desarrollo en los planos nacional, regional y mundial. La actualización del PNUMA, por ejemplo, es un paso en esta dirección.

• 8. El cambio climático amenaza el derecho humano a la vida, empuja a la gente en la pobreza y encierra a millones más en ella. El mundo debe salir de la lógica de la economía de lucro impulsada por los combustibles fósiles, abandonar los patrones insostenibles de producción, energía, agricultura y transporte que son causantes de emisiones de gases de efecto invernadero cada vez mayores. El Norte tiene la obligación histórica y moral de tomar la iniciativa, mediante cortes rápidos y drásticos de las emisiones y ayudar a los países más pobres a pagar los costos de su propia transición a través del financiamiento y transferencia de tecnología

• 9. Las sustancias peligrosas y residuos químicos continúan afectando a las vidas de los trabajadores, los pequeños agricultores, mujeres, niños y público en general en África. El problema se complica aún más por el comercio de residuos tóxicos procedentes de los países desarrollados y que están en África. Como resultado, los recursos críticos como el agua y la tierra que son necesarias para el desarrollo sostenible han sido contaminados o degradados negando así los africanos el derecho de acceder a tales recursos. Río +20 debe enfatizar la necesidad de los estados para poner en práctica políticas y programas que promuevan la gestión racional de productos químicos y desechos, de acuerdo con el Enfoque Estratégico del PNUMA Químicos a Nivel Internacional (SAICM) del programa y las disposiciones estipuladas en el Convenio de Basilea.

Río+20 es un momento crítico para nosotros, para trazar el camino a seguir y establecer claramente el futuro que queremos. Río +20 debe aprender del fracaso del sistema capitalista. Este sistema fomenta el abuso de los recursos económicos y naturales quedando al pueblo pocos privilegios para acumular riqueza, se trata de un sistema basado en la explotación del medio ambiente, de los pobres, los pequeños agricultores, las mujeres y los trabajadores por concepto de beneficios corporación multinacional.

Nosotros, los representantes de las OSC y las autoridades locales instamos a los gobiernos que los resultados de Río+20 sirvan a los intereses de todos los ciudadanos del mundo y que sirvan para reafirmar los principios básicos de la Agenda 21 conforme a lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y otros instrumentos Internacionales de derechos humanos.

Recordamos a nuestros gobiernos africanos que, los pueblos de África los ven como defensores de sus derechos y esperamos que para garantizar los resultados de Río +20 se promueva el desarrollo sostenible en lugar de marginar e impulsar aún más en la pobreza. Por la presente, queremos recordarles el peso de su responsabilidad y la obligación de defender las necesidades e intereses de los pueblos de África.