Portal Río+20

1) PROPUESTAS ABIERTAS CONSENSUADAS.

1. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MARCO DE RELACIONES LABORALES CONSENSUADO DEMOCRÁTICAMENTE POR LA POBLACIÓN.

Optamos por construir un nuevo marco de relaciones laborales consensuado democráticamente por la población. Entre tanto, exigimos la derogación de los aspectos de la última reforma laboral y de las pensiones que signifiquen un aumento de la precariedad, una reducción de los derechos laborales y un deterioro de los regímenes de pensiones.

2. REDUCCIÓN EFECTIVA DE LA JORNADA Y DE LA VIDA LABORAL.

Reducción efectiva de la jornada laboral y de la vida laboral hasta cumplir todas las necesidades de empleo de la población como medida efectiva de redistribución de la riqueza y de todos los trabajos; así como el cumplimiento de los derechos laborales en su integridad.

3. AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y REGULACIÓN DE SALARIOS MÁXIMOS.

Aumento del salario mínimo, estableciéndose una equiparación a nivel europeo y una correspondencia real con las condiciones de vida (precio de vivienda, alimentos, transporte, etc.) mejorando su capacidad adquisitiva. Regulación de salarios máximos y rentas no salariales.

4. DACIÓN EN PAGO PARA SALDAR LA DEUDA HIPOTECARIA DE LAS FAMILIAS EN CONDICONES DE PRECARIEDAD Y PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LOS DESAHUCIOS.

Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo:

• Dación en pago para saldar la deuda hipotecaria. Hasta la aprobación de este punto, paralización inmediata de los desahucios de personas en situación de precariedad.
• Un organismo tasador público independiente.
• Un límite máximo de 20 años para la consecución de un crédito hipotecario, nunca superando el 60 % del valor de tasación.

5. CREACIÓN DE UN PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICO EN RÉGIMEN DE ALQUILER SOCIAL.

Creación de un parque de vivienda social en régimen de alquiler a partir del stock de viviendas vacías. Un organismo público independiente catalogará y censará las viviendas vacías para su posterior puesta en uso en función de la renta y situación de cada persona.

6. PROHIBICIÓN DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN EMPRESAS CON BENEFICIOS.

En empresas con beneficios (especialmente multinacionales con beneficios millonarios) tanto en los casos de reducciones/suspensiones de jornada como en los de despido, que sean estas las que asuman el coste de la prestación por desempleo, liberando al Estado de dicha carga.

Así mismo, que en los casos de despidos masivos no se admita la reducción de la indemnización a percibir por los trabajadores.

7. INCREMENTO DE LOS INGRESOS FISCALES MEDIANTE LA PROFUNDIZACIÓN EN LA PROGRESIVIDAD DEL SISTEMA FISCAL Y LA LUCHA EFECTIVA CONTRA EL FRAUDE.

• Aumento de los tramos y los tipos máximos del IRPF.
• Profundización en la progresividad de la tributación de las rentas de capital.
• Reducción progresiva de la imposición indirecta (en impuestos como el IVA) para lograr objetivos de equidad fiscal.
• Eliminación consensuada en Europa de las SICAV y, como medida a corto plazo, endurecimiento de su sistema de tributación actual.
• Recuperación de la competencia del impuesto de sucesiones y donaciones, con un tramo exento.
• Ampliación de medios/presupuestos de persecución para el fraude fiscal, así como dotación de leyes para todo el mecanismo de lucha contra el fraude.

8. SOMETER A REFERÉNDUM VINCULATE UN EVENTUAL RESCATE Y CUALQUIER MEDIDA DE AJUSTE O RECORTE IMPUESTOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Que la crisis la pague quien la ha creado. Someter a referéndum vinculante las opciones de un eventual rescate bancario o cualquier medida o recorte impuesto por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, o la Comisión Europea, que afecte a la soberanía del país.

9. PARALIZACIÓN INMEDIATA DEL EXPOLIO Y PRIVATIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO Y REFORZAMIENTO DE UN SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO BAJO CONTROL SOCIAL.

Paralización inmediata del expolio y la privatización de las Cajas de Ahorros. Utilización de las mismas para reforzar un sistema financiero público bajo control social, junto con el ICO y junto con toda entidad que haya sido rescatada con fondos públicos.

10. CONTROL DEMOCRÁTICO Y TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES BANCARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

Subordinación del poder financiero al democrático; transparencia y control democrático de las actividades bancarias públicas y privadas:

• Separación de actividades de inversión y especulativas.
• Exigencia de responsabilidades penales y patrimoniales a gestores financieros, agencias de calificación e instituciones, tales como el Banco de España, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

11. LAS INSTITUCIONES EUROPEAS HAN DE ESTAR SUJETAS AL CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

Las instituciones europeas deberán regirse por principios democráticos. Las políticas fiscales y monetarias deben estar coordinadas y orientadas al mantenimiento y refuerzo del estado del bienestar y al desarrollo sostenible de todos los países.

12. ABOLICIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES

Persecución de la fuga de capitales españoles mediante sanciones a toda empresa que trabaje en paraísos fiscales.

13. IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS QUE PENALICE LOS MOVIMIENTOS ESPECULATIVOS.

Imponer impuestos que graven y limiten los movimientos especulativos, promoviendo la economía productiva y la lucha contra el fraude fiscal.

14. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PRONTO PAGO POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Cumplimiento de la Ley 15/2010 de 5 de julio (de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que viene a modificar la Ley 3/2004 de 29/12) por parte del Gobierno y el resto de las Administraciones, evitando con ello la ruina y cierre de muchas pequeñas y medianas empresas.

15. RESTABLECIMIENTO DE LA BANCA PÚBLICA.

Se exige al Gobierno que arbitre los mecanismos para eliminar la mediación de la banca privada en la financiación a pequeñas y medianas empresas a través del único cauce posible; el restablecimiento de la banca pública.

16. EQUIPARACIÓN DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

Se exige al Gobierno que realice las reformas legislativas necesarias de forma que se garantice la real equiparación de derechos y obligaciones entre todos los trabajadores, con independencia de su adscripción al régimen general o  autónomo y sin que ello represente la minoración de derechos a uno u otro colectivo.

17. IMPLANTACIÓN DEL BALANCE SOCIAL EN LAS EMPRESAS.

Exigimos del Gobierno un plan integral dirigido a fomentar la implantación del balance social en las empresas como medio para fomentar una actividad responsable y mejorar sus modelos de funcionamiento.

18. MORATORIA DEL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA DE PAÍSES TERCEROS CON EL ESTADO ESPAÑOL HASTA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA INTEGRAL POR EXPERTOS INDEPENDIENTES Y AGENTES SOCIALES.

Establecer una moratoria en el pago de la deuda externa (bilateral o multilateral) que otros países tengan contraída con el estado español hasta realizar una auditoría integral (contemplando aspectos económicos, sociales y medioambientales), con la participación de agentes sociales y expertos independientes, que pueda determinar su legitimidad o ilegitimidad. En caso de que una deuda se declare ilegítima se repudiará su pago y se exigirán responsabilidades civiles o penales tanto a los deudores como a los acreedores.

19. MORATORIA DEL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA DEL ESTADO ESPAÑOL HASTA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA INTEGRAL POR EXPERTOS INDEPENDIENTES Y AGENTES SOCIALES.

Establecer una moratoria en el pago de la deuda externa pública del estado español hasta realizar una auditoría integral (contemplando aspectos económicos, sociales y medioambientales), con la participación de agentes sociales y expertos independientes, que pueda determinar su legitimidad o ilegitimidad. En caso de que una deuda se declare ilegítima se repudiará su pago y se exigirán responsabilidades civiles o penales tanto a los deudores como a los acreedores.

20. CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES DE TITULARIDAD Y CAPITAL ESPAÑOL DE LA LEGISLACIÓN MÁS GARANTISTA EN MATERIA DE DERECHOS.

Reivindicamos que las empresas transnacionales de titularidad o capital español deben atenerse en todo momento a la legislación que garantice en mayor medida el respeto de los derechos humanos, sociales, laborales, medioambientales, económicos y de los pueblos, en el país en que actúen (bien sea la legislación española, del país de destino o de rango supranacional). La violación de estos derechos en el extranjero por parte de empresas españolas debe ser incorporada como delito al Código Penal español para poder sancionar los incumplimientos y exigir responsabilidades.

21. IMPLANTACIÓN DE IMPUESTOS GLOBALES ORIENTADOS A LA REDISTRIBUCIÓN PROGRESIVA DE LOS RECURSOS A NIVEL MUNDIAL.

Reivindicamos la implantación de impuestos globales orientados a generar un sistema redistributivo a nivel mundial. Estos impuestos tienen como objetivo la preservación de los bienes públicos globales que afectan a toda la ciudadanía del planeta. Destacamos especialmente el impuesto a las transacciones financieras internacionales, que pretende promover la estabilidad penalizando los movimientos especulativos, y los impuestos que gravan las actividades que afectan al medioambiente y a la preservación de la biodiversidad. La recaudación impositiva derivada de estos impuestos deberá destinarse a los estados de acuerdo a un sistema progresivo de redistribución global.

22. CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO HISTÓRICO DE DONACIÓN DEL 0,7% DEL PIB COMO AYUDA AL DESARROLLO.

Como medida transitoria hasta llegar a un sistema global más justo, la financiación de la cooperación entre pueblos puede ser una manera de compensar la deuda histórica contraída con estos. Por tanto exigimos que todas las administraciones españolas (centrales, autonómicas y municipales) contemplen partidas presupuestarias para cumplir con el compromiso histórico de donación el 0.7% del PIB a estos fines.