Portal Río+20

Organizaciones integrantes de la coordinación: Amigos del Viento, AMRU, Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, ANONG, Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, Orientadas al Desarrollo, Casa Bertolt Brecht,  CLAES, Centro Latino Americano de Ecología Social, Cotidiano Mujer, DEMAVAL, Grupo Defensa del Medio Ambiente de Colonia Valdense, Grupo Guayubira, IDES, Instituto de Investigación y Desarrollo, PIT CNT – Comisión de Salud y Ambiente, Red Uruguaya de ONG Ambientalistas, REDES ‐ Amigos de la Tierra Uruguay, Vida Silvestre Uruguay.

Nota del equipo relator

El presente documento fue realizado con base en las relatorías de las consultas llevadas a cabo a las Organizaciones y Colectivos de la Sociedad Civil participantes, los días 3 de marzo, 24 de marzo y 21 de abril de 2012. Como todo proceso colectivo este documento refleja los posicionamientos, perspectivas y aspectos que integran la agenda de la Sociedad Civil de aquellos puntos donde hubo acuerdo entre la mayoría de las organizaciones. Dada la extensión y complejidad de los temas aquí tratados, se abordan de manera enunciativa más no limitativa, con el ánimo que sirvan como insumo para el trabajo de cada una de las Organizaciones y Colectivos que validen este posicionamiento.

Resumen

Desde el comienzo de la década del 70 se ha procurado buscar una forma de reconciliar metas económicas con metas ecológicas y sociales. Ante el desafío de asegurar el crecimiento económico y al mismo tiempo proteger y conservar el ambiente, años más tarde, surgió el desarrollo sustentable como una concepción que busca armonizar estos conceptos. Este año, en el mes de junio, tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, conocida en forma abreviada como Río +20. La Conferencia se desarrollará en torno a dos temas centrales: i) Economía Verde, en el contexto del desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza; y ii) el marco institucional para el desarrollo sustentable.

Frente a esta situación, la Sociedad Civil uruguaya ha llevado a cabo un proceso preparatorio a nivel nacional. Para ello, desde finales del año 2011 se planificaron, organizaron y coordinaron tres instancias de consulta colectiva sobre el posicionamiento que se tendrá ante aquel evento, y una instancia final de validación del mismo. El objetivo general de las consultas fue convocar e involucrar a la mayor cantidad posible de organizaciones sociales y grupos de interés para participar y aportar al debate sobre la problemática ambiental y sobre las prioridades ambientales en nuestro país. Durante el desarrollo de las consultas fue posible definir un posicionamiento de las organizaciones y grupos participantes – entendiendo la diversidad de posturas y temáticas en las que se trabaja y sopesando la riqueza que ello implica- que permitieron la construcción y validación de un Documento Nacional de las Organizaciones y Colectivos de la Sociedad Civil hacia Río +20.

El proceso dio lugar al fortalecimiento del vínculo entre las Organizaciones y Colectivos de la Sociedad Civil. Durante este período se logró el intercambio de información desde diferentes perspectivas, experiencias y propuestas que un gran número de Organizaciones y Colectivos a nivel nacional plantearon a propósito de los 20 años de la Cumbre de la Tierra. Asimismo se establecieron canales de diálogo entre las diferentes Organizaciones y Colectivos respecto a los principales riesgos y desafíos de cara a la Conferencia Río +20 y en la construcción de una agenda ambiental común. Esto ha dado como resultado un posicionamiento, desde una perspectiva plural e inclusiva de los diversos actores involucrados, en temas tales como la definición de las prioridades para la agenda política internacional y local, el concepto de Economía Verde, cuáles deben ser las prioridades para la agenda ambiental en Uruguay, así como el papel de la Sociedad Civil frente a la actual coyuntura nacional e internacional.

En este sentido, en primer lugar, se entiende que la mercantilización y la financiarización de la naturaleza continúan avanzando dramáticamente, donde las prioridades son asignadas por el mercado que mantiene su control hegemónico. Y en segundo lugar, que las soluciones que se plantean a la crisis global actual (climática, energética, alimentaria, financiera) son insuficientes. Se cree, que es necesario pensar un modelo de desarrollo alternativo sustentable, equitativo y solidario con las generaciones futuras, que tenga como pilares la justicia social y ambiental, así como la protección de los derechos humanos y de la Naturaleza. En lo referente al sistema económico, se plantea como imprescindible el fortalecimiento de la economía solidaria, el consumo responsable y la reducción de externalidades negativas con el objetivo de construir un comercio justo. Se considera necesario ir más allá del enfoque antropocéntrico, con una concepción de bienes comunes en lugar de recursos naturales, con especial atención a la incorporación de alternativas a la mercantilización irracional de la Naturaleza.

Por otra parte, se plantea que la propuesta de Economía Verde lejos de ser una alternativa, constituye una reconquista a través de la economía ortodoxa, que da continuidad y validez al sistema económico actual, que somete a la humanidad a la pobreza y agota los bienes comunes naturales. Por tanto, no es posible considerarla como una herramienta para la construcción de una alternativa al desarrollo actual. Es imperioso fortalecer la institucionalidad ambiental en Uruguay. Para ello se entiende que debe crearse un Ministerio que trabaje específicamente los temas ambientales y se considera necesario la creación de un Observatorio Ambiental, que permita un monitoreo ambiental global, sistemático y permanente. Por otro lado, los estudios de impacto ambiental deben ser verdaderos instrumentos que permitan cumplir, entre otras cosas, su función de informar a los tomadores de decisiones y a otros actores involucrados, en lugar de realizarse exclusivamente para cumplir con los protocolos de protección ambiental, tanto nacionales como internacionales. Deben servir para informar sobre las consecuencias ecológicas, sociales y de ordenamiento territorial que provocan los diferentes proyectos implementados en el medio en el cual se van a insertar.

Deben existir garantías sobre el cumplimiento de la legislación ambiental existente, así como trabajar para avanzar en el marco jurídico específico en materia ambiental. También es preciso que exista una instancia de resolución de conflictos en materia ambiental, frente a la evidente ausencia de mecanismos de garantía y protección de los derechos fundamentales. Existe preocupación en torno a la reducción de espacios reales para la incidencia en las decisiones gubernamentales, lo esto representa una gran dificultad para que sean consideradas las posturas de la sociedad civil. En particular, se tienen dudas respecto a la vinculación que el posicionamiento de la Sociedad Civil tendrá en relación con el gobierno presentará a propósito de Río +20.

Finalmente se han compartido y analizado, entre las distintas Organizaciones y Colectivos, propuestas que nos involucran en un proceso que va más allá de la Conferencia Río +20. Por tanto, se afirma el compromiso de participar activamente para asumir los desafíos que se plantearon durante este proceso preparatorio.