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Exigimos que los Estados garanticen a todos y a todas el acceso al agua sana y limpia en cantidades que satisfagan las necesidades de la vida. Hacemos un llamado a todos los Estados a que incluyan en sus legislaciones nacionales el derecho al agua y al saneamiento para todos en conformidad con la resolución de las Naciones Unidas 64/292, y se nieguen a reconocer la autoridad y legitimidad del Foro Mundial del Agua en tanto centro de elaboración de la política del agua a nivel internacional. El fracaso financiero de la doctrina económica dominante y el derrumbamiento de las estructuras neoliberales que la sostienen, ponen de manifiesto que las instancias tales como el Foro Mundial del Agua y el Concejo Mundial del agua carecen totalmente de legitimidad.

Apelamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que organice un Foro Mundial y Democrático del Agua en Octubre de 2014 con el fin de conseguir que los Estados se comprometan ante la comunidad internacional a aplicar el derecho humano al agua y al saneamiento. La agravación de la crisis del agua exige que se organice un foro del agua legítimo, responsable, transparente y democrático. En él tendrán que llevarse discusiones constructivas y abiertas con las comunidades afectadas, trabajadores, pueblos autóctonos y la sociedad civil en general, con miras a definir compromisos apremiantes y no meras declaraciones de intención. Para poder participar en este foro con fuerzas iguales a las de las fuerzas económicas y políticas que son soporte del sistema actual, la sociedad civil deberá ser dotada de medios materiales suficientes.

Es urgente e indispensable la instauración « una democracia verdadera » : las poblaciones involucradas deben participar y pronunciarse sobre las decisiones relativas al uso, repartición y protección del agua como, por ejemplo, la elección del modo de gestión o la realización de un gran proyecto. Ciudadanos y asociaciones han de tomar parte en la gestión del agua. Los Estados deben desplegar sus esfuerzos en este sentido, mediante la movilización de sus recursos políticos y financieros, destinada a la habilitación de los ciudadanos para el ejercicio de esta participación y al desarrollo de programas de educación activa centrada en el agua.

El derecho al agua exige inversiones públicas consecuentes. Tanto en el Norte como en el Sur, es necesario poner término a las políticas de austeridad económica y de ajuste estructural que permiten a los gobiernos justificar la reducción de las inversiones en la gestión del agua y saneamiento, abriendo así las puertas a las empresas del sector privado.

Llamamos a los Estados a que financien los sistemas públicos de gestión del agua y saneamiento mediante una fiscalidad progresiva, un impuesto sobre las transacciones financieras nacionales e internacionales y con la ayuda de una reasignación de los gastos militares. Exigimos que los Estados garanticen la igualdad social del acceso al agua : en caso de tarificación, esta debe ser progresiva.

Garantizar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento; sobre todo si se trata de grandes centros urbanos, es imposible sin infraestructuras ni mano de obra. Apoyamos los derechos de los trabajadores tal cual se expresan en las convenciones de la OIT, reconociendo que las condiciones de trabajo deben ser dignas y que los trabajadores deben disponer de herramientas necesarias para la realización de su trabajo y para contribuir a la democracia laboral.

Rechazamos la lógica de la « colaboración pública-privada » y nos pronunciamos partidarios de una gestión pública y ciudadana del agua mediante la promoción, la creación y la consolidación de la « colaboración pública/ pública » y « pública/ciudadana » (/comunitaria). Llamamos a que se realicen inversiones públicas en estas colaboraciones y a que se transmitan los saberes del sector público a los actores ciudadanos/comunitarios que necesiten una formación en este tema.

Reconocemos el valor de la gestión comunitaria del agua cuando no se puede recurrir a los servicios públicos o cuando la demanda colectiva va más allá del uso de un servicio. En la gestión comunitaria, el agua es recuperada en la multiplicidad de sus funciones, inclusive aquellas de las que suelen pasar por alto los gestores : la dimensión espiritual, estética, simbólica y cultural. La gestión comunitaria permite a la comunidad reformular el conjunto de sus necesidades y movilizar sus fuerzas en proyectos complementarios; en lo que se refiere a la agricultura, a la formación y a la organización de la comunidad. Consideramos que la armonía en el uso del agua, condiciona la armonía al interior de la comunidad y que la gestión del agua es un reflejo de la gestión de la misma sociedad.

Defendemos los derechos de los pueblos autóctonos. Reconocemos la importancia de sus concepciones del mundo, de las prácticas y saberes tradicionales y costumbres; esenciales para la creación de alternativas frente al sistema de valores dominante, sistema regido sólo por una lógica económica.

Reiteramos que los derechos de las mujeres son fundamentales en la lucha global por el agua. Por su papel preponderante en el aprovisionamiento y la gestión del agua, las mujeres reivindican que se compartan los saberes, particularmente los técnicos, para concretizar el acceso al agua. Ellas pretenden participar en igualdad en las decisiones, en la gestión del agua, del saneamiento e higiene y en todos los aspectos de este proceso, inclusive en los científicos y tecnológicos.

Apoyamos la agricultura campesina y familiar y reivindicamos una auténtica soberanía alimentaria que permita a cada pueblo alimentarse, acceder al agua y a la tierra. Llamamos a dar prioridad, tanto en el Norte como en el Sur, a los modelos de producción agro-ecológica; los cuales están adaptados a las modificaciones climáticas, son respetuosos del medio ambiente, menos consumidores de agua y menos contaminantes. Garantizando con ello, el derecho del acceso al agua agrícola y financiamiento a los productores agro-ecológicos ; con el fin de alimentar las ciudades y el campo con productos de calidad. Asi mismo, empleándo técnicas inteligentes de colecta y utilización del agua, adaptadas a la capacidad local y teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales.

Censuramos el avance irracional del extractivismo – explotación de los bienes naturales a escala industrial – en todas sus modalidades, en especial los proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos (entre los cuales los proyectos de explotación de gases y petróleos de esquisto) los cuales , ampliando continuamente las « zonas de sacrificio » destinadas a proporcionar materias primas y energía , ponen en peligro el acceso al agua, la disponibilidad y calidad de la misma, en perjuicio de más y más personas en el mundo.

Denunciamos no sólo a las transnacionales extractivistas sino también a las instituciones financieras internacionales, los tratados internacionales y los gobiernos que apoyan y aplican este modelo de « desarrollo ». La coalición de poderes de estos distintos actores tiende a silenciar cualquier tipo de expresión popular y democrática e impide cualquier tipo de proposición política alternativa de procedencia local o global.

Llamamos a que se transformen los modos de consumo, a poner fin al sobreconsumo y el dogma del crecimiento ilimitado, los que empujan al aceleramiento exponencial de la extracción exponencial de los bienes naturales.

Apelamos a la Asamblea General de Naciones Unidas a fomentar una reflexión común acerca de la edificación de un nuevo modelo de cooperación entre Estados con el fin de abandonar el sistema económico basado en una competencia desenfrenada. Esta guerra económica global engendra una espiral de exceso productivo y de sobreconsumo que, lejos de satisfacer las necesidades más elementales de las poblaciones, mueve a ritmo sostenido el pillaje sin límites de la biosfera, creando un malestar creciente entre las poblaciones del Sur como del Norte.

Pedimos que se inicie una transición energética basada en los principios de sobriedad, eficacia energética, y en la que prevalezcan las energías de flujo (renovables) sobre las de stock (agotables). La producción y el transporte de energía han de recibir orientaciones nuevas destinadas a satisfacer las necesidades de los pueblos y a dejar de ser dirigidas por los intereses de las transnacionales y consumo abusivo de la industria. Las soluciones locales, alternativas y sostenibles han de ser privilegiadas por la instauración de una lógica de descentralización de la producción. Esta transición supone específicamente la prohibición inmediata de la explotación de los gases y petróleos de esquisto y arenas bituminosas, las perforaciones petroleras en mar profundo y, en general, de cualquier forma de extracción de hidrocarburos que acudan a técnicas (entre las cuales las “estimulaciones” de los pozos) peligrosas para la salud.

Nos oponemos con determinación a los procedimientos de financiarización y mercantilización de todos y cada uno de los aspectos de la vida –la naturaleza, el agua, el trabajo- que las transnacionales y la finanza internacional procuran ampliar con su proyecto de « economía verde », apoyado por los gobiernos en la conferencia internacional de Río +20. Exigimos que los gobiernos rechacen las falsas soluciones de esta « economía verde » - grandes represas, energía nuclear, agro-combustibles, monocultivos de la agricultura y silvicultura industriales, la explotación comercial del agua embotellada las cuales, lejos de resolver las crisis medioambientales y financieras actuales comprometen la disponibilidad y calidad del agua.

Apoyamos a los sistemas económicos cuyo objetivo es la garantía del bienestar y un medioambiente sano en provecho de las comunidades humanas y no del acopio de riqueza individual y renta de entidades económicas o financieras gigantes.

Llamamos a los gobiernos a que cumplan con las recomendaciones de la Comisión mundial de Represas y a que rechacen las directivas voluntarias del Protocolo de evaluación de la sostenibilidad de la hidroenergía. Pedimos asimismo que los organismos internacionales adopten un moratorio que aplace el financiamiento de las grandes represas.

Denunciamos la criminalización de los movimientos sociales y ecologistas que luchan por el derecho al agua y contra el extractivismo, y exigimos se garantice su protección. Sobre todo, manifestamos nuestra indignación ante el asesinato, el 15 de Marzo de 2012 -durante el FAME- de Bernardo Vásquez Sánchez, oponente al proyecto de minería de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en el estado de Oaxaca de Méjico.

Reivindicamos el derecho a la desobediencia civil frente a la destrucción del medio ambiente, de los medios de subsistencia, de la calidad de la vida y de la puesta en peligro de la salud.

Proponemos que se instaure un sistema jurídico internacional independiente que garantice el derecho al agua y saneamiento : este derecho debe ser exigible en el mundo entero y los crímenes contra este derecho deben ser procesados.

Hacemos un llamado a la creación de una Corte Penal Internacional para juzgar los delitos contra el medio ambiente.

Apoyamos la preservación y la integridad del ciclo del agua incluidas en el reconocimiento de los derechos de los ecosistemas y especies, para su existencia, su desarrollo, su reproducción y perpetuación. Apelamos a la elaboración y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza para garantizar a la biosfera -y a sus habitantes- la protección necesaria de su equilibrio y perennidad.

Nos comprometemos a seguir creando redes y nuevas alianzas sociales, ampliando y fortaleciendo nuestros vínculos con los movimientos populares y ciudadanos que luchan por la soberanía alimentaria, la democracia, la justicia social y ecológica. Nos comprometemos a implicar a las autoridades locales y parlamentarios decididos a defender el agua como bien común y a reafirmar el derecho al agua potable para todos los seres humanos, la naturaleza y sus demás habitantes. Exhortamos a todos los servicios públicos y comunidades de usuarios del agua a unirse y a crear asociaciones nacionales y redes regionales.

Hacemos un llamado a todos los movimientos, redes y organizaciones que forman parte del Movimiento por el Agua Bien Común a comprometerse en los procesos de movilización ciudadana en perspectiva de Rio + 20 para hacer de la cumbre de los pueblos (15-23 Junio 2012) y del día de acción global (20 de Junio 2012) un inmenso éxito popular, para poner término al mercantilismo y financiarización de nuestras vidas e imponer nuestras alternativas, únicas capaces de resolver las crisis ecológicas, sociales, económicas y democráticas que estamos atravesando.

Saludamos la determinación y cohesión de nuestro movimiento, nuestras victorias actuales y futuras y nos alegramos de continuar esta labor colectiva más allá de las naciones y continentes. El FAME ha logrado su objetivo contribuyendo a acelerar el fin del Foro Mundial del Agua.

Queda abierta la vía para la aplicación del derecho al agua y saneamiento, derecho humano fundamental, y para que el agua vuelva a ser un bien común de la Humanidad y la Biosfera.

Marsella, Francia, 14-17 de marzo 2012.