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José Luis Jofré es Doctor en Ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Buenos Aires, Argentina.

El dilema que planteaba Jorge Abelardo Ramos en “Historia de la Nación Latinoamericana” (1968) buscando esclarecer sí América Latina es un simple campo geográfico donde conviven veinte Naciones diferentes o, por el contrario, una sólo Nación, mutilada en veinte provincias establecidas como Estados más o menos soberanos, además de conservar su plena vigencia, también condensa solapadamente el núcleo de los debates contemporáneos que confluyen en la Cumbre de los Pueblos Rio+20.

Yendo a la esencia de nuestro planteo, la coexistencia de recursos naturales o áreas geográficas sobreexplotados con otros recursos o áreas que permanecen inexplorados en nuestra región latinoamericana no es fortuita, sino que responden a causas profundamente políticas. Tanto la intensificación de actividades apoyadas en un solo recurso, generalmente primario, ya sea de base agrícola o minera, como la subutilización de otros, son el resultado de procesos históricos que producen efectos sobre las comunidades locales y llegan a poner en riesgo su bienestar y en muchos casos la propia vida de sus pobladores. En el primer caso, se abre el interrogante sobre la sustentabilidad de actividades desarrolladas obedeciendo a reglas del capitalismo global, sin el control pleno de la comunidad ni la retención local de sus beneficios. El segundo caso, se plantean cuestionamientos sobre la sensatez de aquellas posiciones que le entorpecen a las comunidades locales la posibilidad de desarrollar ciertas actividades con argumentos que van desde un proteccionismo ambiental intransigente a la especulación mercantil más rentable.

Si observamos esta situación en clave histórica comprobamos que en el período precolombino de nuestra América Latina, el uso de los recursos naturales difiere sustancialmente al perpetrado cuando se incorporan estos territorios a los circuitos de valorización mercantilistas de la metrópolis española, como también de todas las fases de desarrollo que se sucedieren posteriormente sobre ésta área. Arturo Jauretche lo sintetiza de modo admirable cuando expresa que “la cuestión del aprovechamiento del espacio está subordinada al proyecto político en marcha en el seno del Estado nacional”.

El mismo autor da las claves para entender las tensiones históricas que se han desplegado por la ocupación del espacio y el uso de los recursos naturales en la Nación Latinoamericana, en un juego que discurre permanentemente entre fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas en la fluctuación del valor generado en el espacio local. Este aporte ha sido fundamental para las ciencias sociales y ambientales y creemos que no se ha reparado en la integridad de sus alcances tanto en el plano científico como en el plano político.

En el plano estrictamente teórico, la incorporación de la problemática espacial (ambiental) repara una falencia tan delicada como vigente del materialismo histórico. Esta tiende a conmensurar el valor de un bien con el tiempo socialmente necesario para su producción, es decir con el trabajo humano, sin advertir la contribución de los factores geográficos o naturales que ingresan en los circuitos de valorización económica. Del mismo modo, trabajos posteriores de esta tradición teórica; que si bien reconocen la existencia de países centrales, capaces de controlar y retener la generación de valor, y países periféricos, incapacitados de hacerlo; raramente notan que en esos procesos de generación de valor no sólo están involucrados los hombres y mujeres que sustentan estos procesos con su trabajo, sino también los recursos naturales.

Resumiendo la esencia de nuestro planteo, los recursos naturales al igual que la fuerza de trabajo, está presente en el medio de los conflictos sociales internos de nuestras sociedades latinoamericanas y también en las relaciones con los países centrales. No obstante, a diferencia de la fuerza de trabajo, la naturaleza carece de instancias de representación directas, como los gremios de los trabajadores, y por lo tanto, son más simples de eludir en las relaciones comerciales desiguales entre los centros y las periferias del sistema global. Dedicaremos el resto del documento para plantear las instancias de representatividad que toma la naturaleza y algunas propuestas de políticas públicas para un uso sustentable del medioambiente compatible con el desarrollo económico para la inclusión de todos los latinoamericanos.

Apoyados en una interpretación de la realidad posicionada histórica y geográficamente, reconocemos la necesidad de establecer los medios requeridos para modificar las fuerzas centrífugas que, desde el contacto con las sociedades europeas, han imperado en nuestra región. Ello nos conduce a preguntarnos sobre cuál es la tecnología de intervención que utilizan las ciencias sociales para actuar en el contexto correspondiente. La respuesta es sólo una, aunque no por ello sencilla, pues la tecnología de las ciencias sociales involucra prácticas colectivas que desbordan el montaje instrumental de una ciencia. Esta tecnología es la política.

Es decir, este tipo de ciencias interviene mediante la política, que no es sino un complejo entramado de relaciones de fuerzas sociales cuyo objeto es el poder (más precisamente el poder de Estado) para transformar o mantener algunos aspectos o la totalidad de las relaciones sociales.

Por lo tanto, avanzar en el conocimiento de las causas profundas del deterioro de nuestros recursos naturales y en la práctica política que operan sobre estas causas, exige el compromiso de los científicos con los proyectos colectivos que pongan como centro de sus planteos el desarrollo de la región con el control de los procesos de acumulación de capital en provecho de los pueblos y los ecosistemas locales.

En este sentido, podemos afirmar que en las etapas históricas en que las fuerzas centrípetas se imponen, es decir la acumulación local del valor generado, la representatividad política de la Naturaleza es asumida en forma directa por los Estados, pues la dirección del proceso económico nacional exige el control de todos los factores productivos, siendo el manejo público de los recursos natales un factor estratégico para cualquier proyecto que pretenda instituir una comunidad conforme a los principios de la justicia social con perspectivas de permanencia en el tiempo. Por el contrario, cuando son las fuerzas centrífugas las que asumen el protagonismo político en nuestros países, el poder público carece de las herramientas institucionales para evitar el saqueo de los recursos naturales en beneficios de grupos minoritarios y formaciones sociales lejanas. De este modo la representatividad política de la Naturaleza queda vaciada de contenido, dando lugar a organismos no gubernamentales que procuran asumir esta representación.

Cuando en el Estado priman las fuerzas extranjerizantes, la protección de los recursos naturales locales se reciente, generalmente mediante la supresión de organismos públicos que pugnan por un desarrollo económico ambientalmente sustentable, con lo cual se facilita un proceso de valorización económica ajeno al interés nacional. Nuestra historia regional abunda en casos relativamente recientes que ilustran este proceso. El ejemplo de las privatizaciones de las empresas y los servicios públicos en la etapa más salvaje del neoliberalismo en la década del noventa es quizá la muestra más palpable de avasallamiento del derecho de los pueblos al acceso a sus recursos naturales.

Como decíamos anteriormente, la reacción al retiro estatal es la emergencia de organismos no gubernamentales que alzan las banderas del ecologismo muchas veces sin incorporar una visión holística del desarrollo de los pueblos. Justamente, cuando el cuidado del medio ambiente adquiere autonomía del desarrollo económico se incurre en un conservacionismo fundamentalista que puede constituirse, paradójicamente en un obstáculo no solo para el desarrollo, sino también para la protección del ambiente, en tanto que el más idóneo de los representantes de la naturaleza, el Estado central, pierde injerencia en el asunto.

La evolución del mundo en los últimos años advierte sobre la vigencia del viejo dilema entre fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas, es decir, sí en la definición del porvenir de nuestros pueblos se imponen los intereses externos o los autóctonos. En este sentido, se han dado algunos casos interesantes de políticas públicas orientadas al control nacional de la acumulación, tales como la obtención de mayores márgenes de autonomía respecto de los organismos internacionales de crédito, algunos casos de sostenido crecimiento económico, la incorporación de bastos sectores sociales al consumo, la mayor participación salarial en el producto bruto nacional, la reestatización de algunos servicios públicos y la consolidación de organismos para la integración latinoamericana, entre las más importantes.

Estos avances que se han dado en materia de política económica en la región, no obstante enfrentan un doble desafío, por un lado, liquidar los resabios de la fase especulativa y rentística que predominó en pleno auge neoliberal y, por otro lado, extender los alcances de un modelo productivo, inclusivo y sustentable a todos los rincones de nuestra América Latina. En este sentido, creemos que uno de los requisitos fundamentales para hacerlo consiste en que el Estado, como organización centralizada y comprometida con el crecimiento y la soberanía de los pueblos, retome el control pleno de los recursos naturales de los que dispone, caso contrario se suprimirían las posibilidades de alcanzar un desarrollo independiente, sustentable y con vistas a la integración latinoamericana.

Este control de lo recursos naturales por parte del poder público debe ser efectuado como insumos elementales en las cadenas de valor regionales, orientadas esencialmente a la satisfacción de las necesidades locales. Asimismo extender el modelo productivo, inclusivo y sustentable a toda la región exige la puesta en práctica del principio de la solidaridad tecnológica, esto es, la capacidad de trasferir saberes productivos entre los territorios latinoamericanos, extrayendo de este modo al conocimiento productivo de la lógica de generación de renta.