- InformaciónAquí se encuentran los documentos para el debate que nos pueden permitir avanzar sobre las reflexiones y las cuestiones de Rio+20. Se tratan principalmente de notas de reflexión y de análisis, de informes y de síntesis.
Eventos Agosto 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Todos los eventos - Ejes
![Río 2012: ¿Cumbre de la Tierra o despojo global? Río 2012: ¿Cumbre de la Tierra o despojo global?](http://rio20.net/wp-content/uploads/2011/11/2894245423_d12afd5fc8-230x160.jpg)
Por ETC Group
También disponible en English, Français
En Río+20, los gobiernos podrían crear una red ambiental multilateral más representativa y con mayor capacidad de respuesta, o entronizar un nuevo imperio ambiental. Tres temas:
Gobernanza vede
- Agenda para el despojo (las negociaciones apresuradas y sin real participación pueden terminar en…): La construcción de un mecanismo de “gobernanza verde” pseudo-multilateral, que privilegie al sector privado y a las instituciones de Bretton Woods, al tiempo que debilita al Sur global, mientras comanda en el manejo del ambiente, los recursos naturales (incluida la agricultura) y el cambio climático;
- o Agenda para la Tierra (que sea participativa, precautoria y que se dirija a…) : Crear una red ambiental nueva, amplia, participativa y transparente al interior de Naciones Unidas, dentro de la cual los gobiernos del Sur global y la sociedad civil puedan afrontar el amplio espectro de temas climáticos y ambientales que actualmente son discutidos en 500 diferentes tratados e instituciones; … dar la bienvenida al Comité de Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) reformado, como interlocutor en políticas y programas de alimentación, agricultura y desarrollo rural;
Economías verdes
- Agenda para el despojo (las negociaciones apresuradas y sin real participación pueden terminar en…): El establecimiento implícito de una serie de inciertas tecnologías patentadas , llamadas “limpias”, como la columna vertebral de una nueva “economía verde” (entre las cuales están la biología sintética, la nanotecnología, la genómica y la geoingeniería) que podría dominar los recursos naturales del Sur global (nuevamente incluida la agricultura), y…
- o Agenda para la Tierra (que sea participativa, precautoria y que se dirija a…): Que la ONU se comprometa, en 2012 –como elemento central para el desarrollo de sociedades sustentables, diversas y apropiadas social, económica, ecológica y culturalmente” a un proceso de negociación que conduzca a un mecanismo multilateral participativo, de información y evaluación sobre nuevas tecnologías, que fortalezca la capacidad de analizar opciones y la soberanía nacional en políticas tecnológicas;
Estrategias frente al cambio climático
- Agenda para el despojo (las negociaciones apresuradas y sin real participación pueden terminar en…): La aceptación de un régimen de transferencia de tecnología (posiblemente finalizado en Durban o en Río) que impondrá el control monopólico de la industria sobre dichas tecnologías, incluyendo, especialmente, la geoingeniería.
- o Agenda para la Tierra (que sea participativa, precautoria y que se dirija a…): Afirmar la integridad de la comunidad multilateral y la prioridad del principio de precaución como elementos fundamentales en la regulación y transferencia de tecnología; afirmar el control de la ONU sobre todas las tecnologías que proponen impactos en el cambio climático, estableciendo una prohibición legalmente vinculante de todas las formas de geoingeniería; incluyendo la posibilidad de convocar a una reunión extraordinaria de los estados parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Modificación Ambiental (ENMOD) de 1978.
El largo camino (de medio siglo) hacia Río+20
Río+20 es, más precisamente, Estocolmo+40 —o, más filosóficamente, Primavera silenciosa-50 (2012 es el 50 aniversario de la publicación del famoso libro de Rachel Carson). La Conferencia de Estocolmo de 1972 estableció el PNUMA y el marco institucional dentro de la ONU para responder a los temas ambientales, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro formuló la agenda ambiental global para el siglo XXI. Río+20 debe revisar y, después, poner en práctica una agenda actualizada. Algunos Estados quieren evitar una revisión de los compromisos originales tomados en Río, alegando que la próxima reunión debe ver hacia adelante. Esto es un error. Los gobiernos deben evitar falsas premisas si no quieren ser engañados con falsas promesas.
La actuales estructuras de gobernanza tanto para el ambiente como para la agricultura dentro del sistema de Naciones Unidas sufren de falta de coordinación entre sus respectivas instituciones; sufren también de falta de representación eficaz para la mayoría de los gobiernos participantes; y de ausencia de involucramiento de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Río+20 ofrece una oportunidad real para fortalecer la democracia y la participación de la sociedad dentro del sistema de Naciones Unidas.
La economías genuinamente “verdes” deben basarse en el uso apropiado de la biodiversidad para la satisfacción de las necesidades humanas y salvaguardar los sistemas planetarios. Gobiernos y sociedad civil deberían dar la bienvenida al fortalecimiento y la formación de economías verdes que sean diversas, centradas en lo local, justas y apropiadas social, cultural, ecológica y económicamente, y animar a comunidades y naciones a explorar activamente las posibilidades de este importante objetivo. Sin embargo, en ausencia de un cuidadoso debate intergubernamental y un amplio involucramiento social, la idea de que una nueva “economía verde” sea el medio para articular y desarrollar los recursos biológicos (y otros) del Sur global, podría convertirse en el mayor despojo global de recursos en más de 500 años
Tres iniciativas para enfrentar a los nuevos “amos de la biomasa”
Los meses que vienen serán tiempo de riesgos y oportunidades. Los riesgos, sin embargo, son obvios mientras que las oportunidades frecuentemente pasan desapercibidas. Pensando en ello proponemos tres iniciativas de largo alcance
1. Gobierno verde — Una nueva red ambiental de Naciones Unidas
Crear una nueva red ambiental amplia, participativa y transparente al interior de Naciones Unidas, dentro de la cual los gobiernos del Sur global, y la sociedad civil, puedan afrontar el amplio espectro de temas climáticos y ambientales que actualmente están fragmentados en 500 diferentes tratados e instituciones; y dar la bienvenida a un Comité de Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) reformado, como interlocutor en políticas y programas de alimentación, agricultura y desarrollo rural.
El problema:
Desde la Conferencia de Estocolmo en 1972, ha habido una proliferación de tratados, acuerdos e instituciones, pero la financiación no ha seguido el ritmo a las reuniones ni la participación democrática el ritmo a las decisiones. La respuesta del sistema multilateral ha sido incongruente, y frecuentement ad hoc. Siguen algunos indicadores:
- Déficit de democracia: Después de la Conferencia de Estocolmo (1972), el PNUMA afirma que hay al menos 500 convenios internacionales relacionados con el ambiente —de los cuales 70% son regionales. Cuarenta y cinco de esos tratados globales tiene 72 estados miembros o más. En los 15 años entre la Cumbre de la Tierra y el 2007, solamente 18 de los mayores 45 acuerdos realizaron 540 reuniones en las que se tomaron 5 084 decisiones. Haciendo una extrapolación grosso modo —y asumiendo que las otras 27 convenciones fueron menos activas que ésas— los gobiernos del Sur no han tenido suficientes recursos para participar en, probablemente, 1000 de las conferencias más importantes, en las que se tomaron unas 10 mil decisiones relevantes para su soberanía nacional.
- Déficit financiero: El financiamiento total disponible para la gobernanza internacional del ambiente no se conoce. Hace cinco años, el PNUMA trabajó con $136.5 millones de dólares y la ONU tuvo otros 301 millones para manejar a las acuerdos ambientales multilaterales de las cuáles es responsable —un total de 437.5 millones de dólares (aproximadamente el 25%) del presupuesto de la ONU, en ese entonces de $1 650 millones de dólares. Al mismo tiempo, según la OCDE, mucho menos del 2% —1 850 millones de los 1 111.2 millones de asistencia oficial para el desarrollo se identificó como dinero gastado en actividades ambientales. Es importante señalar que las convenciones gestionadas por Naciones Unidas son menos costosas que otras reuniones o “asociaciones” donde participa la ONU. El costo de las agencias multilaterales ambientales ha crecido aproximadamente en un factor de 1.2 desde la Cumbre de la Tierra, mientras los costos de reuniones en temas ambientales, con asociados privados y no miembros de la ONU, ha saltado en un factor de 4.7. Es importante que los gobiernos recuerden esto mientras discuten las nuevas instituciones o plataformas ambientales.
La respuesta:
Aunque hay muchos matices y disrupciones, las propuestas para la reestructuración de la comunidad ambiental multilateral se reducen a tres formatos básicos:
- 1. Mejoramiento del PNUMA: Convertir el “Programa” con sede en Nairobi, Kenia, en una agencia con membresía plena dentro del sistema de Naciones Unidas (al modo del PNUD), con autoridad y recursos incrementados y un mandato expandido;
- 2. Imperio ambiental: Crear una nueva súper institución, post-ONU (posiblemente con sede en París o Río de Janeiro) que agrupe a los principales actores dentro de la ONU, a las instituciones de Bretton Woods, a las grandes corporaciones privadas trasnacionales y a las grandes fundaciones filantrópicas en un pacto o “asociación” que marginaría a la mayoría de los gobiernos, a la mayoría de los tratados/acuerdos y a la mayoría de la sociedad civil;
- 3. Convergencia iPlanet: Añadir unas cuantas aplicaciones baratas para articular las estructuras existentes en una configuración más coherente y colaborativa y así, posiblemente, lograr cierta gobernanza y eficiencias y eficacias financieras.
Hay cierta lógica en el propósito de mejorar y potenciar al PNUMA y otorgarle los recursos y la autoridad necesarios para armonizar los esfuerzos ambientales de la comunidad internacional. Todos los miembros de Naciones Unidas tendrían un papel equitativo en el nuevo PNUMA y nada impediría que éste diera forma a cualquier tipo de acuerdo (formal o informal) que los gobiernos quisieran establecer para incorporar la voz de actores externos a la ONU (como ya ocurrió recientemente en el Comité de Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria Mundial, que se discute más abajo). La única razón para introducir un nuevo imperio ambiental (es decir, una Organización Ambiental Mundial) sería la de debilitar la influencia de muchos gobiernos mediante el diseño de una especie de grupo compacto global informal (Río-diseñado) que inevitablemente beneficiaría a aquellos que detentan el poder y la riqueza.
En cualquier caso, será difícil (¿imposible?) lograr un acuerdo para el mejoramiento del PNUMA antes de la cumbre de Río+20. Las aplicaciones para el tipo de convergencia iPlanet son eminentemente más factibles y, quizás, más seguras.
El rediseño de la infraestructura institucional ambiental debería:
- 1. Asegurar la participación universal de todos los estados miembros de las Naciones Unidas sobre la base del principio “un país, un voto”;
- 2. Fortalecer la capacidad de la Organización de las Naciones Unidas para apoyar acciones regionales y nacionales;
- 3. Reconocer la capacidad y relación especial de los movimientos sociales y de otras organizaciones de la sociedad civil de base con el ambiente —especialmente los indígenas, campesinos y comunidades locales— a través de nuevos arreglos institucionales que favorezcan su plena participación;
- 4. Facilitar una participación efectiva mediante la sincronización y racionalización de las reuniones intergubernamentales necesarias para la supervisión de tratados y acuerdos;
- 5. Forzar y facilitar el establecimiento de secretariados de tratados racionalizados —incluyendo oficinas y operaciones globales y regionales—, para mejorar la coherencia y optimizar el manejo de recursos financieros.
Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil podrían unirse para proponer una convergencia “iPlanet” de carácter constructivo que cumpla con estos criterios —una red multi-institucional que combine las mejores prácticas establecidas, como ejemplo, por las tres Convenciones de Naciones Unidas sobre sustancias químicas y desechos (Basilea, Rotterdam y Estocolmo) y el formato de las cuatro agencias para la agricultura que participan dentro del Comité de Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria Mundial (CFS), así como las propuestas para la participación de la sociedad civil (aceptada en 2004 por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan). Estas tres iniciativas juntas podrían conducir a una red ambiental muy creativa, más coordinada —pero aún así, flexible y con capacidad de respuesta.
Atracciones químicas: Recientemente, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (1989), el Convenio de Rotterdam para el consentimiento previo fundamentado aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (1998) y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COPs, 2001), comenzaron a integrar sus secretariados y coordinar las reuniones de sus cuerpos de gobierno para maximizar su eficiencia en el monitoreo de los sustancias químicas y residuos peligrosos, desde la cuna hasta la tumba. El PNUMA provee el secretariado para los convenios de Basilea y Rotterdam, mientras que el secretariado del Convenio de Estocolmo es compartido por el PNUMA y la FAO. Estos tres convenios exploran también la posibilidad de desarrollar mecanismos conjuntos de formación de capacidades y de financiamiento. Aunque cada convenio tiene su propia membresía y obligaciones pactadas, hasta ahora, este modelo de colaboración ha sido constructivo.
Granja familiar: Como segundo modelo, después de duras evaluaciones externas iniciadas en 2009, la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) comenzaron a coordinar sus procesos de planeación y programación durante la reunión anual de una semana del Comité de Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria Mundial (1974). Una institución multilateral no perteneciente a la ONU, el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), se sumo al proceso. El Comité de Seguridad Alimentaria tiene ahora también un Panel Independiente de Expertos, flexible y con la responsabilidad de elaborar informes en temas críticos. Aunque este Panel de Expertos es un modelo con potencial, hasta ahora ha marginado el importante trabajo y conclusiones del panel de Evaluación internacional del conocimiento, ciencia y tecnología en el desarrollo agrícola (IAASTD, por sus siglas en inglés) y no ha involucrado adecuadamente a campesinos, agricultores familiares, pastores y pescadores artesanales. Esto es sorprendente, porque las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales —especialmente las organizaciones de pequeños agricultores— tienen el derecho de auto-organizarse y participar plenamente en todos los aspectos del Comité de Seguridad Alimentaria.
La única diferencia clara entre su participación y la de los estados consiste en que los gobiernos mantienen todavía la prerrogativa del voto.
La sociedad civil y el acceso a la información: Una tercera e interesante iniciativa es la Convención de Aarhus de la Comisión Económica Europea – ONU (Convención sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales), la cual propone el equivalente intergubernamental a las solicitudes nacionales de acceso a la información pública. Estas medidas están siendo aplicadas sólo en Europa, por el momento. Si los gobiernos toman en consideración las recomendaciones de Aarhus, consideran la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Comité de Seguridad Alimentaria y también las recomendaciones del Panel Cardoso sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil (2004), estas tres iniciativas constituyen argumentos sólidos y contundentes para establecer una política mucho más incluyente de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil no lucrativa en esta nueva red ambiental.
La nueva red ambiental de Naciones Unidas podría incluir los principales tratados adoptados desde 1972, incluyendo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB) y los convenios sobre desertificación. Dada la importancia de la agricultura (incluyendo a la silvicultura y la pesca) para el ambiente, el reformado Comité de Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria Mundial, al tiempo que mantiene su independencia, podría (y debería) contribuir a esta nueva red, según sea apropiado. En el proceso preparatorio hacia Río+20, los gobiernos podrían establecer un grupo de trabajo dentro del IFSD (Marco Institucional para el Desarrollo Sustentable) para desarrollar esta nueva red basándose en las iniciativas mencionadas.
Importancia de la gobernanza agrícola en Río+20
En las negociaciones relacionadas a comercio de bonos de carbono, dentro de la CMNUCC, y en los debates de Río+20 sobre una “economía verde”, existe una preocupante tendencia a subsumir a la agricultura y la alimentación bajo una agenda “ambiental” corporativa, que no tiene en cuenta las recurrentes crisis alimentarias globales y los vínculos de causa-efecto entre la agricultura industrial y la crisis climática. Existe también una tendencia a pasar por alto la importancia del reestructurado Comité sobre Seguridad Alimentaria Mundial como actor importante en el logro de un desarrollo social y ecológicamente sostenible dentro del marco de Soberanía Alimentaria.
La crisis alimentaria que en 2008 condujo a más de mil millones de personas al hambre está de regreso y en ella, varios de los precios de los productos agrícolas se encuentran en los niveles más altos de la historia. Todas las propuestas para nuevos usos de los suelos agrícolas o de la biomasa deben ser analizadas críticamente tomando como base la experiencia en campo de los pequeños agricultores y la situación de los que sufren hambre. Los análisis solamente desde el punto de vista ambiental o del cambio climático, no son suficientes.
La importancia de la agricultura como base de la alimentación, y dentro de ella, la importancia de los productores de pequeña escala, debe ser central en cualquier discusión sobre una nueva economía verde. Según el informe reciente del PNUMA (Hacia una economía verde), hay 525 millones de parcelas pequeñas de las cuales 404 millones tienen menos de dos hectáreas. Los agricultores de pequeña escala representan el 70% (y está aumentando) de la producción agrícola global. El reporte del PNUMA dice que hay evidencia sustancial de que los agricultores más pequeños tienen rendimientos mayores. 90% de la producción agrícola de África —y 40% de la producción de cereales de India— proviene de estos agricultores. Mucha de la información usada por el PNUMA y otros es muy vieja, entre 6 y 20 años. A la luz de las recurrentes crisis alimentarias se necesitará mayor información sobre el papel de los agricultores en pequeña escala, el tamaño de sus parcelas y su productividad. Considerando la producción global de alimentos, la contribución de los pescadores artesanales y los cazadores y recolectores —la cosecha oculta que da cuenta de una tercera parte o más del consumo calórico en algunas épocas del año— debe considerarse. Además, los formuladores de políticas deben tomar en cuenta la importancia de la producción urbana y peri-urbana de alimentos, que según diversas fuentes representa hasta el 25% del consumo de las ciudades. Cuando ponemos todo eso junto, la producción “campesina” (no industrial) podría ser tan alta como el 80 o el 85% del consumo global y es por lejos la fuente de alimentos más importante para las mil millones de personas que padecen hambre y que no tiene dinero para ir a comprar a Carrefour o Wal-Mart.
En Río+20, los gobiernos deben reconocer al Comité de Seguridad Alimentaria como interlocutor en materia de agricultura y alimentación y reconocer la importancia vital de los pequeños productores agrícolas, los cuales son responsables de la mayor parte de la oferta alimentaria mundial. Además, Río+20 debería reconocer que un punto de partida esencial para el desarrollo de estrategias agrícolas debe ser el Informe de Evaluación Internacional sobre Conocimientos, Ciencia y Tecnología Agrícolas para el Desarrollo (International Assessment on Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, IAASTD) y, especialmente, su énfasis en el papel que desempeñan los pequeños agricultores para el logro de la soberanía alimentaria sostenible.
2. ¿Economía verde? – Primero, evaluación de la tecnología
La ONU se debería comprometer en 2012 —como elemento central para el desarrollo de sociedades sustentables, diversas y apropiadas social, económica, ecológica y culturalmente— a un proceso de negociación que conduzca a un mecanismo multilateral participativo, de información y evaluación sobre nuevas tecnologías, que fortalezca la capacidad de analizar opciones y la soberanía nacional en políticas tecnológicas;
El problema:
¿Transferir o desechar? Los aspectos relacionados con la transferencia de tecnología estarán muy presentes en la COP 17 de la CMNUCC, a realizarse en Durban, Sudáfrica, a finales de 2011. Muchos gobiernos ven el acceso a la tecnología como punto vital en su capacidad para responder al cambio climático y están ansiosos por asegurar que los regímenes de propiedad intelectual y los acuerdos de licencia no vuelvan prohibitivamente costosas dichas tecnologías. Por otro lado, la industria y algunos estados miembros de la OCDE se afanan en proteger su propiedad intelectual. Los países industrializados argumentarán, inevitablemente, que cualquier concesión en materia de propiedad intelectual (por ejemplo, la reducción en los pagos de regalías, entre otros), debería ser contabilizada como parte de su contribución financiera. Tal como ocurrió en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, la tecnología desempeñará un papel importante en Río+20. En la competencia por el acceso a la tecnología, algunos gobiernos ni siquiera se preguntan si las tecnologías que desean son seguras, si realmente serán útiles en su situación o qué condicionantes traen consigo. Desde la 15ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC en Copenhague (2009),
Estados Unidos ha bloqueado toda discusión sobre propiedad intelectual, señalando con ello que, después de Río+20, los monopolios permanecerán intactos.
La nanotecnología, la biología sintética, la metagenómica y la geoingeniería no son invenciones discretas y aisladas, sino plataformas tecnológicas que demandan sistemas de producción y procesamiento completamente nuevos. También se trata de tecnologías no probadas y su adaptabilidad o pertinencia a las necesidades específicas de una nación particular es mera especulación. El Sur global —que padece la mayor parte de la degradación ambiental y del cambio climático— será también el conejillo de indias para las pruebas de estos poderosos paquetes tecnológicos. El prerrequisito lógico para la transferencia de tecnología es la creación, dentro del sistema de Naciones Unidas, de un mecanismo de información y evaluación tecnológica, basado en el principio de precaución.
Las tecnologías:
El dato estadístico más preocupante que usan los inversores de riesgo que debaten la “economía verde” es que sólo el 23.8% de la biomasa terrestre de la Tierra llega a sus mercados —lo cual significa que el 76.2% de la biomasa terrestre del planeta está “disponible” para su mercantilización y monopolización. Algunos gobiernos y agencias de Naciones Unidas ya han expresado su preocupación por los “acaparamientos de tierras” que amenazan la soberanía nacional y alimentaria de muchas naciones. Sin embargo, poca atención se ha dedicado a las tecnologías “limpias” patentadas que podrían determinar la futura explotación y los fines de las tierras de otros. La portada de un número reciente del semanario The Economist (12-18 de febrero de 2011) describe bien el ritmo (aunque subestima la amplitud del campo) del cambio tecnológico, con un provocador titular: “Imprímeme un Stradivarius”. En las preparaciones para la Cumbre de Río+20, los gobiernos están subestimando significativamente la velocidad del cambio tecnológico, así como el impacto que podrían tener algunas tecnologías sobre el medio ambiente global, el cambio climático y las economías del Sur. A continuación resumimos cuatro desarrollos tecnológicos cruciales.
Nanotecnología – Imprímeme un Stradivarius
El titular de The Economist describe una revolución en los procesos de manufactura que podría reducir masivamente los costos energéticos y la demanda de materias primas, a través de la producción “de escritorio” — dirigida por computadora— a escala nano o micro de productos terminados o sus componentes. Desde el año 2000, la inversión pública global en investigación nanotecnológica ha rebasado los 50 mil millones de dólares, y el ritmo se acelera: en 2010, se esperaba que la inversión pública y privada en nanotecnología rebasara los 20 mil millones de dólares. Más de 60 países poseen iniciativas nacionales para el desarrollo de la nanotecnología. Estos nuevos métodos de manufactura tendrán impacto sobre el empleo y la localización de las plantas manufactureras, pero también lo tendrán en el mercado global de recursos naturales: del cobre al algodón, o de las fibras naturales a los aceites vegetales. A pesar de que se la describe como “verde” y “limpia”, esta Revolución Industrial avanza casi completamente sin supervisión ni regulación. Su impacto en las economías exportadoras podría ser profundo y su importación podría representar serios riesgos, (especialmente en los alimentos y otros bienes de consumo final). La nanotecnología no debe ser designada prematuramente como una tecnología “limpia”, especialmente a la luz de docenas de estudios científicos que evidencian los efectos tóxicos de algunos nano-materiales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité Internacional sobre Materiales Compuestos (ICCM) han comenzado a estudiar la nanotecnología, pero se requiere mucho más trabajo. Entretanto, muchas organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado para el establecimiento de una moratoria a la nanotecnología hasta que sean cabalmente comprendidos sus impactos socioeconómicos, ambientales y a la salud. En Río+20, los gobiernos podrían coordinar investigaciones sobre los impactos de la nanotecnología con las diversas agencias y tratados relacionados al tema.
Ver el documento completo abajo o en la pagina del autor.
Enlaces y vinculaciones externas o internas