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La cumbre ambiental Río+20, que en unos días concentrará en la capital carioca a presidentes y funcionarios de casi doscientos países, será escenario de una nueva disputa entre las naciones centrales y el grupo de países emergentes o en vías de de-sarrollo, nucleados en el G-77 más China. Uno de los ejes de la controversia es el concepto de “economías verdes” que, para el gobierno argentino y sus socios de América latina, es una suerte de trampa tendida por las potencias y sus aliados para poner freno a las exportaciones cuando no cumplen con ciertos parámetros “verdes”. El otro foco de conflicto es la posible creación de una agencia internacional, que tendría el poder de policía para hacer cumplir con indicadores y premisas, inspecciones que los países interpretan como la antesala a restricciones comerciales.

A diez días de la firma del documento, todavía no hay consenso. Los diplomáticos trabajan contra reloj: hace una semana las delegaciones estuvieron reunidas en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, y esta semana volverán a encontrarse en Río de Janeiro. El documento que redactaron dos funcionarios de la ONU designados por Ban Ki-moon tiene ochenta páginas y muchos de sus párrafos son cuestionados por los representantes de los países en desarrollo. Estos diplomáticos están ante una doble presión: no ceder en la defensa de sus intereses estratégicos y, a la vez, no hacer fracasar la cumbre, que pretende avanzar sobre los logros obtenidos hace 20 años en otra cumbre, en esa misma ciudad. El desafío se multiplica para el gobierno de Brasil, también crítico del documento, por su condición de anfitrión.

“En esta negociación, la Argentina ha encontrado aliados importantes, como la India y Egipto, que se sumaron a los socios del Mercosur”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, una de las negociadoras argentinas, en una entrevista con Página/12.

–A días de la cumbre, ¿qué consensos y qué diferencias hay entre los países?

–El documento para Río+20 se viene trabajando desde hace muchos meses y, como no se ha avanzado en el consenso entre los países centrales y los del G-77 más China, en estos días se estuvo viendo si se cerraba un acuerdo. El G-77 más China, que son 132 países sobre un total de 193, que tiene a la mayoría de la población mundial e incluye a países emergentes como China, India y Brasil, ha estado trabajando muchos meses en este documento. Hasta ahora, no hay consenso. Evidentemente, el documento que va a salir no será un documento que refleje nuestra posición y si no nos refleja, cada país hará sus reservas.

–¿Cuáles son los grandes ejes de la divergencia?

–La gran divergencia es que los países centrales están planteando el concepto de “economía verde” como el nuevo paradigma ambiental para salvar el planeta. Nosotros planteamos que no hay una definición de economía verde, por lo tanto, no podemos apoyar algo que se desconoce. No estamos de acuerdo en sustituir el concepto de desarrollo sustentable, que es mucho más ambicioso y que implica un cambio en el modelo de producción y consumo que nos ha provocado esta crisis ambiental. Como G-77 planteamos que ese cambio lo deben liderar los países centrales, que son los que han impuesto ese modelo global de consumo y de producción insustentable, que se basa en una falacia: que los recursos naturales son infinitos. Producimos y consumimos como si fuéramos a tener una cantidad infinita de agua, de petróleo, de tierra.

–Los países centrales no aceptan eso.

–Ese es el problema central: los países centrales no asumen su responsabilidad primaria. Lo que plantean es que los costos de la crisis ambiental, por ser planetaria, los tenemos que asumir todos por igual. Países pobres, en desarrollo y ellos. Cuando son ellos los que han causado esta crisis ambiental.

–No admiten que la responsabilidad no es la misma para todos.

–En el plenario, plantearon borrar el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. Nosotros, como G-77 más China, tenemos premisas que no son negociables. Una es ésa, la otra es nuestra soberanía respecto del manejo de nuestros recursos naturales. No vamos a delegar el control ambiental a ninguna agencia globalizada que nos imponga lo que tenemos que hacer con nuestros recursos naturales ni parámetros de cumplimiento. Porque esto de la economía verde es una trampa.

–¿En qué consiste esa trampa?

–Ellos pretenden poner indicadores y parámetros para la producción de bienes y servicios y aquel que no los cumpla, no va a poder exportar.

Por supuesto que eso nadie lo dice. El planteo de ellos es un planteo naïf: vamos a salvar el planeta.

–¿Cuáles serían las consecuencias?

–Una gran parte de los países centrales está queriendo trasladar su crisis a los países en desarrollo utilizando el tema ambiental. Si exigen el cumplimiento de estos parámetros que quieren imponer con la economía verde, va a haber una transferencia enorme de recursos de los países en desarrollo a los desarrollados, porque los que tienen la tecnología son ellos, y nos van a obligar a comprar la tecnología y a endeudarnos. Nuestro planteo de desarrollo sustentable implica la erradicación de la pobreza nosotros, como países latinoamericanos, tenemos mucho que mostrar en Río: cómo hemos bajado los niveles de pobreza, al contrario de los países desarrollados, donde en este momento va creciendo la pobreza.

–Nuestros países han disminuido los niveles de pobreza, pero ¿se han desarrollado en forma sustentable?

–En este momento, no hay ningún país que pueda plantear que tiene un desarrollo sustentable, es nuestra utopía. Se plantea que otro tipo de desarrollo es posible. Porque el desarrollo sustentable implica que produzcamos en forma eficiente, con un uso muy racional de nuestros recursos, y consumamos en función de nuestras necesidades básicas, no permitiendo el derroche. Lo que vemos es que en nuestros países hay sectores de la población que tienen que aumentar su consumo pero también hay un sector importante que tiene que evitar despilfarrar recursos naturales a través de consumo insustentable. Por ejemplo, cuando se compran productos que tienen una vida útil muy corta o que requieren un uso intensivo de electricidad o de materias primas.

–Si el modelo económico argentino permitió aumentar el consumo, ¿podemos decir entonces que este modelo es sustentable?

–No, nadie dice eso. Lo que tenemos en la Argentina es una réplica del modelo impuesto en el planeta y que nosotros no lo vamos a poder cambiar si no lo cambian ellos, que son los que tienen el gran poder económico. Por eso, el G-77, cuando se habla de economía verde, le plantea a los países centrales que ellos lideren este cambio de modelo de producción y consumo. Nosotros no lo vamos a poder liderar porque no tenemos ni tecnología ni capacidad financiera. Sí tenemos que darle buen nivel de vida a un porcentaje importante de la población, que es una prioridad de este Gobierno.

–¿Qué balance hace de los veinte años transcurridos desde la cumbre de Río ’92?

–Para nosotros, ha habido más falencias que logros. Porque los principios rectores de Río ’92 no han sido cumplidos por los países desarrollados, la transferencia de tecnología y apoyo financiero a los países en desarrollo. Y ahora lo quieren eliminar. Ahora no hablan de transferencia de tecnología, no hablan de apoyo financiero y quieren eliminar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el leitmotiv de la convención y que planteamos que deben mantenerse.

–¿En qué consiste ese principio?

–En que los que produjeron el fenómeno del calentamiento global de la atmósfera son los países industrializados, desde la época de la industrialización a finales del siglo XVII hasta ahora. Ahora, los países emergentes comenzaron a emitir también gases de efecto invernadero. China e India ya se están pareciendo a los países desarrollados en sus emisiones, pero es un hecho reciente. Por eso la convención dice que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas: el que causó el problema debe asumir el costo. Por eso Río ’92 fue un éxito para los países en vías de desarrollo, fue un reconocimiento de que había una crisis ambiental y que los países centrales debían asumir un compromiso porque eran los que la habían causado. Ahora, veinte años después, sin haber hecho los aportes que tendrían que haber hecho, boicoteando la convención, quieren trasladar su crisis a nuestras espaldas.

–¿Qué otros planteos llevan los países de América latina?

–Por ejemplo, cuando se habla de empleo verde, nosotros lo sustituimos por empleo decente. Porque nosotros acá tenemos empleo verde, el reciclador urbano, el cartonero que separa es empleo verde, pero no es decente. Tenemos que transformarlo en empleo formal y decente.

–¿Qué frutos puede dar este consenso que hay en América latina?

–A mí me interesa la alianza que tenemos los países latinoamericanos, y también con la India y Egipto, con los que lideramos esta posición: estamos de acuerdo con el desarrollo sustentable, queremos definir los temas en forma soberana, y no tenemos que aceptar que nos impongan las prioridades de la globalización, que no están pensadas en función de nuestras necesidades. Vamos a difundir la declaración de Buenos Aires para que la gran prensa conozca nuestra posición. La gran prensa, que está globalizada y manejada por los países centrales, no conoce nuestra posición.

–Otro de los ejes de controversia es la creación de una agencia global de control ambiental.

–Los países centrales quieren crear una gran agencia en base al Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Pnuma), porque para establecer parámetros e indicadores para la producción de bienes y servicios se necesita una agencia que controle. Quieren crear una agencia con poderes para fiscalizar el cumplimiento de la economía verde.

–¿Ustedes qué proponen en cambio?

–Queremos que haya mayor sinergia entre las agencias que existen actualmente y que sea la Asamblea General y el Consejo de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas un ámbito de definición y debate político. No le damos mandato al secretario general para que arme esto. Queremos el fortalecimiento del Pnuma aumentando su membresía a todos los países. En este momento tiene solo 46 países, entre ellos la Argentina.

–¿Hay coincidencia con las ONG argentinas que van a participar de la cumbre?

–Las ONG han estado muy activas, sobre todo las que trabajan en salud y educación. Las ambientalistas son las más débiles en esto, porque siguen los lineamientos de los países centrales, porque allí tienen su base de financiamiento, y están bastante condicionadas por eso.

–¿Cuál va a ser la posición argentina respecto de las industrias extractivas, como la minería?

–En la cumbre no se debate qué actividades son sustentables y cuáles no. Todas las actividades generan impacto, la idea es que lo minimicen. Hay una impronta de ir logrando nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo sustentable.

–Entonces no van a hablar de minería.

–Sobre la minería, le voy a decir lo que pienso. Lo que nos proponemos desde esta secretaría es fortalecer el rol del Estado en la evaluación del impacto de esta actividad. Los impactos de la minería a cielo abierto, de una hidroeléctrica, son significativos. Hay una serie de actividades que se requieren para el de-sarrollo del país, pero su localización y la tecnología que usan debe ser evaluada por el Estado para aprobarlas o no. Estamos haciendo un proyecto de ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental para que el Estado nacional y los provinciales podamos conjuntamente evaluar, fiscalizar y controlar estos grandes emprendimientos. Hay que aceptarlos sólo si los beneficios son mayores que los costos.