Portal Río+20

Miguel Grinberg es periodista especializado en Medio Ambiente.

Durante las numerosas reuniones preparatorias de la Cumbre Río+20 programada por Naciones Unidas para junio de 2012 en Brasil ya se han perfilado algunas de las premisas conflictivas que caracterizarán tal evento en el contexto de los cambios climáticos imperantes en el planeta.

Si bien el calentamiento global y la protección de la diversidad biológica fueron los epicentros de la Cumbre ECO-92 realizada hace casi dos décadas en el mismo contexto, para su nueva edición la ONU ha adoptado otros estandartes.

Ahora se anuncia el cónclave mundial dentro de dos marcos temáticos polémicos –“Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza” y “Marco institucional para el desarrollo sostenible”- según sean los actores que encaren los desafíos implícitos de la Río+20.

Así como no hay una unanimidad conceptual entre los gobiernos de los países de los hemisferios Norte y Sur del globo terrestre, el concepto “economía verde” desata controversias cuando los testimonios surgen de las ONG ambientalistas, los pueblos indígenas y las corporaciones transnacionales.

En la ONU propiamente dicha, chocan los voceros de su burocracia institucional, centrados en una interpretación mercantil del llamado “desarrollo sostenible”, y los portavoces de la ecología social, para quienes las naciones ricas tienen una “deuda ecológica” con las naciones en vías de desarrollo.

Una de las entidades no gubernamentales más críticas al respecto es la llamada Red Jubileo Sur, constituida en 1999 y dedicada a estudiar la profundización de la relación existente entre la “deuda financiera ilegítima reclamada” a los países en desarrollo y la generación deudas históricas, sociales y ecológicas.

Su postulado central sostiene que “desde el inicio de la era colonial, el Norte global -a través de sus gobiernos, corporaciones e instituciones financieras- han explotado y saqueado la riqueza, bienes naturales, saberes, trabajo y vida de los pueblos del Sur”.

Esta alianza ambientalista reivindica los Acuerdos de los Pueblos de Cochabamba (Bolivia), resultado de la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (2010), donde participaron más de 35.000 representantes de movimientos y organizaciones sociales de 140 países.

En tal sentido afirma que “el gobierno de Bolivia, junto a otros pocos, fue quien se atrevió a exigir que el Norte salde la enorme Deuda Ecológica que tiene con el Sur, en lugar de seguir exigiendo el pago de una deuda externa marcadamente ilegítima, pero fue dejado de lado y excluido en las negociaciones marco”.

Por ello consideran que la llamada “economía verde” intenta impedir que las personas y comunidades afectadas por el sistema capitalista, el cambio climático, el modelo imperante de desarrollo y la deuda, sean los principales protagonistas de la Cumbre Río+20.

El sociólogo chileno Manuel Baquedano, cofundador de Instituto de Ecología Política en Santiago, sostiene que el desarrollo sostenible que promueve la ONU ha fracasado porque “no se ha podido detener la destrucción del planeta y no se puede evitar que la civilización entre en un periodo de colapso”.

Durante cuatro de las reuniones regionales preparatorias de Río+20, algunas delegaciones gubernamentales han aportado borradores para un acuerdo sobre la “economía verde”, y mientras algunos la redefinen como un patrón hacia el desarrollo sostenible, otros temen que el concepto sea sinónimo de proteccionismo y condicionamiento del crecimiento social.

En base a declaraciones de Izabella Teixeira, ministra de Medio Ambiente de Brasil, algunos observadores han comentado que el país anfitrión de la Cumbre Río+20 se ha alejado del concepto de “economía verde”, al no intentar definir el término, y preferir en cambio las metáforas concernientes al convencional “desarrollo sostenible”.

En otro plano, la costarricense Maureen Ballestero, coordinadora del Foro Mundial del Agua realizado en Bogotá, señaló que dicho evento “se convierte en un punto de arranque hacia Río+20, pues como sabemos muchas veces este recurso no tiene la importancia política como tal, y lo proponemos como una de las columnas vertebrales de la cumbre venidera”.

Entretanto, las entidades Jubileu Sul Brasil y Jubileo Sur/Américas manifiestan que “los movimientos sociales y la sociedad civil tienen que asumir un protagonismo claro y contundente, pues sin una articulación de ideas, prácticas políticas y estrategias transformadoras no estaremos a la altura del desafío que debemos enfrentar”. En tal sentido, han anunciado para junio de 2012 la creación de un espacio autónomo, tanto de la conferencia oficial y de los gobiernos reunidos en Río como de los agentes del mercado, “que esté al servicio de las luchas y resistencias populares que se están librando en nuestra región y el mundo”.

La iniciativa ya se ha debatido en el seno del Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña para Río+20 y se anunciará como “Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, contra la mercantilización de la Vida y en defensa de los Derechos de los Pueblos y de la Naturaleza”.

No ha sido concebida como una feria más de ideas y actividades, sino que se aplicará a desenmascarar “falsas soluciones” como la geoingeniería, la nanotecnología, la biotecnología “terminator”, o similares; y sobre todo, a defender la soberanía alimentaria.